LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES SENTARÁ LAS BASES PARA ESTUDIAR UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

- Se marcará la hoja de ruta del inicio de la negociación de un nuevo modelo territorial creando un grupo de expertos a nivel autonómico y gubernamental. La Conferencia de Presidentes sentará las bases para empezar a estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que se adquirirá el compromiso compartido por Gobierno y comunidades autónomas de crear en el plazo de un mes un grupo de expertos que hagan sus propias “aportaciones” en la negociación del nuevo sistema.
Así lo indicó el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, en rueda de prensa en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, después de la reunión que mantuvo este miércoles con los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas, que estuvo encabezada por la ministra del ramo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
“Hay un estudio elaborado ya por el comité técnico (del Consejo de Política Fiscal y Financiera) que no se ha hecho público a consecuencia del año de interinidad que servirá de base de cara no a la reforma del sistema de financiación autonómica, sino de un nuevo modelo de financiación autonómica”, dijo.
Con ese documento base elaborado por el comité técnico permanente de evaluación, a propuesta del Gobierno y de las comunidades autónomas, anunció que se creará un grupo de trabajo de expertos, “en el que se recoja no solo la base de este documento, sino lo que es la evaluación del funcionamiento del sistema de financiación autonómica y vendrán de ese grupo de expertos aportaciones”.
“Ese grupo de expertos, en el primer punto que se llevará a la Conferencia de Presidentes, tiene que ser nombrado dentro de un mes y, por lo tanto, de manera inmediata elaborar sus trabajos”, expuso el secretario de Estado de Hacienda.
Las conclusiones de ese documento base y del propio grupo de trabajo se someterán a una valoración general y una vez acordadas, se deberá remitir el texto administrativo a las Cortes Generales para su aprobación. Teniendo en cuenta su naturaleza de ley orgánica, ha de ser aprobada por la mayoría absoluta de las Cortes.
Fernández de Moya también explicó que se abordará “en paralelo” la financiación de las administraciones locales. “Estamos poniendo encima de la mesa la apuesta por el municipalismo por parte del Gobierno. También es el momento de abordar la financiación vinculada a las entidades locales”, defendió.
Además, dijo que una “sugerencia” de algunas comunidades que es compartida por el Gobierno es “incorporar dentro del nuevo modelo de financiación autonómica de manera expresa como acuerdo que se eleve a la Conferencia de Presidentes la referencia al gasto en materia de dependencia”.
“Gasto en materia de dependencia que el propio Gobierno también asume como compromiso a incorporar en el contenido a integrar de los acuerdos que se eleven de cara a la Conferencia, poniendo también en valor, y conjuntamente con la dependencia, que hay otros servicios públicos fundamentales”, dijo, y agregó que el objetivo es que todos los servicios sean prestados en “condiciones de igualdad en el conjunto del territorio español”.
EL GOBIERNO, “SATISFECHO” CON LOS PUNTOS A TRATAR
Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, subrayó que el Gobierno está “muy satisfecho” con el nivel de acuerdo alcanzado en esta reunión preparatoria de la cita del próximo martes. Dijo que se llevarán al Senado 10 acuerdos concretos que “tocan muchísimos de los temas de más actualidad y más importantes para la vida normal de los ciudadanos”.
“Creemos que el debate va muy bien”, declaró, antes de poner en valor el “esfuerzo” hecho por parte de las comunidades autónomas. “Nunca ha habido un ambiente tan positivo entre las comunidades autónomas de todos los colores y el Gobierno de la nación”, aseguró. En la reunión de hoy se cerraron totalmente 5 de los 10 temas a tratar en la Conferencia y mañana se terminarán de cerrar el resto.
Los acuerdos rubricados hoy contemplan un pacto social y por la educación, así como la creación de una comisión de protección civil. También todas las comunidades, más Ceuta y Melilla, están a favor de impulsar una tarjeta social para saber exactamente las prestaciones y ayudas que recibe cada persona. Otro punto cerrado hoy es cómo ha de ser la participación de las comunidades en la Unión Europea. Por último, se determinó que el comité preparatorio de la Conferencia se convierta en el comité que vele por el cumplimiento de los acuerdos sellados.
Los puntos que están “prácticamente cerrados” y en los que mañana se prevé que haya acuerdo hablan de la necesidad de llevar a término una estrategia nacional para el reto demográfico, también un acuerdo sobre la ley de aplicación de la unidad del mercado, así como la movilidad interadministrativa de funcionarios y la tasa de reposición de los mismos. Además, habrá un nuevo documento sobre el suministro eléctrico y el bono social.
Según explicó Bermúdez de Castro, la Conferencia de Presidentes comenzará a las 9 de la mañana del próximo martes, 17 de enero, con un café de los presidentes de las diferentes comunidades con el jefe del Ejecutivo y el Rey. Por la mañana, Rajoy hará una exposición sobre los retos de España y las comunidades autónomas y su encaje en la UE.
Posteriormente, cada presidente autonómico podrá realizar en el plenario una intervención de entre siete y diez minutos, donde expondrá sus “necesidades y reivindicaciones”. Por la tarde, en el momento decisorio, se debatirán los diez acuerdos. De aprobarse todos ellos, el Gobierno dice que será un “éxito” para todas las comunidades y para los ciudadanos.
Por último, Bermúdez de Castro afirmó que ninguna comunidad hizo referencia en esta reunión “a la falta de asistencia” del País Vasco y Cataluña. “Como es lógico y normal, estaban invitados y tenían toda la documentación”, recordó. Por su parte, la vicepresidenta prefirió poner en valor a los asistentes y aplaudió su predisposición a trabajar por el interés general de los ciudadanos.