Cifuentes ha salido al paso del informe de la UCO que pide investigarla por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
En declaraciones en Cope, recogidas por Europa Press, Cifuentes ha reconocido que ayer vivió una situación "difícil" por la "indefensión" que le ha generado la "filtración" de ese informe de la UCO, para incidir en que ello se produce justo cuando Podemos en la Comunidad de Madrid avanza que va a presentar una moción de censura.
"Casualidad es pero yo hace mucho tiempo que dejé de creer en las casualidades", ha incidido la presidenta regional. Por ello, recrimina a formaciones políticas que den "pábulo" a este informe, cuando el juez y la Fiscalía dicen que no hay "nada", para generar "dudas" sobre ellas, algo que "no va a consentir".
Sobre las adjudicaciones de contratos en la Asamblea a Arturo Fernández, Cifuentes ha explicado que la Presidencia de la cámara regional delega al vicepresidente primero (cargo que ostentó) la comisión de contratación.
Al respecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el "cien por cien" de las adjudicaciones en la Asamblea se efectuaron "por unanimidad" y que en la mesa de contratación había representantes de otros partidos políticos, en ese caso de PSOE e IUCM. A su vez, ha relatado que siempre se adjudicaba en base a los informes técnicos. "Nos limitábamos a aprobar la propuesta técnica", ha insistido.
Respecto a la cuestión de Fundescam, que la investigación del caso Púnica apunta al empleo de esta institución para efectuar posibles pagos para actos electorales del PP, Cifuentes ha subrayado que perteneció a esta fundación de 2005 a 2008 y que el informe de la UCO habla de presuntas irregularidades entre 2009 y 2011. La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en que ella no participó ni la gestión ni en decisiones económicas de esta entidad.
Cifuentes ha asegurado que defiende "absolutamente" la labor de la Guardia Civil y que el informe de la UCO "sin ningún fundamento jurídico" lo suscribe solo un investigador, para agregar que ha recibido manifestaciones desde el cuerpo para manifestarle su "indignación" por lo ocurrido.
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