Denuncian la inminente expulsión de un menor marroquí que está en el CIE de Aluche (Madrid)

  • El Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJM) ha denunciado este martes la inminente expulsión de un menor de edad marroquí que se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, pese a que cuenta con documentación original de su país de origen que acredita su edad y contra la resolución dictada al respecto por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Denuncian la inminente expulsión de un menor marroquí que está en el CIE de Aluche (Madrid)
Denuncian la inminente expulsión de un menor marroquí que está en el CIE de Aluche (Madrid)
EUROPA PRESS
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Según informa el SJM en un comunicado, este organismo instó la semana pasada al Ministerio del Interior a evitar la deportación del chico de 16 años de edad y sin embargo, la previsión de expulsarle sigue en pie y está prevista para este miércoles 8 de febrero en un vuelo que saldrá a las 06.45 horas de Madrid.

El joven cuenta con una partida de nacimiento y un libro de familia originales de Marruecos, país con el que España tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo de documentación registral, que acredita su fecha de nacimiento y dice que tiene 16 años.

Pese a ello, tal y como explica el SJM, el juez ha dictado su expulsión basándose en una prueba de determinación de la edad que se le realizó por orden de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria y en la que se concluyó que era un adulto.

También el Defensor del Pueblo había solicitado que no se materializase la expulsión hasta culminar el procedimiento abierto en Naciones Unidas, institución a la que recurrió la ONG para que intercediese en favor del menor.

Para el SJM, la noticia de la expulsión supone "una actuación que vulnera los tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos del niño y el propio ordenamiento interno, así como supone un desprecio a las resoluciones dictadas por la Organización de Naciones Unidas".

Denuncia así que la expulsión supone "una grave vulneración de la legalidad internacional y nacional en materia de derechos humanos del niño y de la obligación del Estado de garantizar la protección del menor".

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