ESPAÑA SABRÁ EL JUEVES SI ES MULTADA POR LA ESTIBA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene previsto publicar este próximo jueves, 13 de julio, la segunda sentencia sobre el incumplimiento de España en la regulación del sector de la estiba.
En esta nueva resolución, el Tribunal de Luxemburgo determinará si España ha dado una respuesta satisfactoria a la primera sentencia, que se dictó el 11 de diciembre de 2014.
La Comisión Europea solicita que se imponga a España, por una parte, una multa coercitiva de 134.107,2 euros al día desde que se dicte esta segunda sentencia, si el Tribunal de la UE considera que todavía no se cumple la normativa europea con el real decreto convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo.
Por otra parte, demanda el pago de una cantidad a tanto alzado de 27.522 euros por cada día en que haya persistido la infracción, desde la fecha en que se dictó la primera sentencia, la de diciembre de 2014, en el caso de que considere que ha sido cumplida.
Si en cambio la primera sentencia no ha sido plenamente ejecutada antes de que se resuelva sobre el doble incumplimiento, se seguirá multiplicando por los días que transcurran hasta que se dicte sentencia, es decir, hasta este jueves.
El Ministerio de Fomento confía en evitar la multa por el segundo incumplimiento tras la aprobación del nuevo real decreto el pasado mes de mayo, aunque a diferencia de con el decreto que fue rechazado, no es nada optimista con respecto a evitar la multa por el retraso en dar cumplimiento de la primera sentencia, lo que supondría una multa de alrededor de 25 millones de euros.
Finalmente, el Pleno del Congreso aprobó la reforma de la estiba con 174 votos a favor (del PP, Ciudadanos, PNV, UPN y Foro Asturias) y ocho abstenciones (del PDECat).
Esta era la segunda vez que el Gobierno sometía a la convalidación del Congreso un decreto sobre la estiba, ya que el primero, que fue aprobado por el Ejecutivo el 28 de febrero, fue rechazado por las Cortes el 16 de marzo.
En la segunda, el Gobierno logró el voto favorable de Ciudadanos, que se abstuvo en marzo, y la abstención del PDECat, que votó anteriormente en contra.
El decreto aprobado es muy similar al rechazado. La principal novedad es que el Ministerio de Fomento se compromete a aprobar otro real decreto que lo acompañará, en el que se recogerá la mediación llevada a cabo por Marcos Peña.
Dicha mediación contempla garantías para el mantenimiento del empleo de los actuales estibadores, mejoras de productividad y ayudas para prejubilaciones, que podrían alcanzar hasta 120 millones de euros.
Además de una disposición adicional que recoge este compromiso, otros cambios del decreto ley afectan a la posibilidad de que pueda haber convenios de puertos o a la exigencia de realizar prácticas para contar con el certificado de profesionalidad, además de no requerir la titulación de Formación Profesional.
También contempla modificaciones en la cotización por contingencias de los contratos temporales de menos de siete días y establece la limitación de la manipulación portuaria de vehículos a motor.