EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA QUE EXTERIORES NO RESPONDA A UNA PETICIÓN PARA FACILITAR LA EXTRADICIÓN DE UNA ETARRA

El Defensor del Pueblo denuncia que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no ha proporcionado ninguna respuesta al requerimiento para facilitar la extradición a España de una etarra residente en Bélgica y cuya entrega reclama la Justicia española.
Así lo recoge esta institución en su informe anual correspondiente a 2015, entregado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López; del Senado, Pío García-Escudero, y de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Joseba Agirretxea.
La institución que preside Soledad Becerril explica que la denegación por parte de la Justicia belga requerida por la Justicia española de Natividad Jáuregui Espina, autora material de los disparos que acabaron con la vida de un teniente coronel en Bilbao, el 19 de marzo de 1981, motivó el inicio de una actuación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia.
Ante el departamento que dirige José Manuel García-Margallo, “sobre las gestiones que se hubieran realizado o se pretendieran realizar a nivel diplomático por el Gobierno, habida cuenta de que la fundamentación de dicha decisión judicial se basaba en que la entrega de la interesada al Estado requirente (España) implicaría un riesgo de atentado a sus derechos fundamentales”.
Ante el departamento de Rafael Catalá, “para intentar obtener la resolución judicial cuestionada, dado que los promoventes de la queja no disponían de ella, al no haber sido parte en el proceso de extradición”.
Finalmente, el Ministerio de Justicia proporcionó copia del citado fallo judicial, de la Sala de Inculpación de Gante (Bélgica).
Paralelamente, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación al Ministerio de Asuntos Exteriores, “que hasta la fecha sigue pendiente de contestación”, sobre la conveniencia de trasladar a Bélgica (“u otros Estados que pudieran denegar en un futuro la extradición a España de presuntos autores de delitos de terrorismo”) la “mayor información posible” sobre el daño causado por el terrorismo y sobre la realidad en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo ampara su petición en el marco de lo dispuesto en la Ley de la Acción y el Servicio Exterior del Estado y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.