Los eurodiputados han respaldado "el reconocimiento claro" de que el nuevo Consenso europeo para el desarrollo aprobado fija como objetivo prioritario de la política de cooperación de la UE "la reducción de la pobreza y a largo plazo su eliminación" en línea con el Tratado de la UE.
En todo caso, han reclamado que la ayuda europea respete las prioridades de los países en desarrollo y se promuevan la cooperación, así como los principios de transparencia y rendición de cuentas mutua y, asimismo, que se centre en obtener resultados.
El pleno de la Eurocámara ha reclamado además mecanismos para vigilar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta acordada de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto a ayuda y que la UE y los Estados miembro presenten un calendario para dar cuenta de cómo van a cumplir de manera gradual estos objetivos e le informen anualmente de los progresos para ello.
El nuevo Consenso para el desarrollo europeo, que fue aprobado por los Veintiocho el pasado 19 de mayo y será revisado en 2024, se centra en atajar no sólo la pobreza sino también en responder a los problemas del cambio climático y los problemas de inmigración y seguridad entre otros.
"Durante las negociaciones, el Parlamento ha logrado con éxito poner un fuerte énfasis en la eficacia del desarrollo, la coherencia política y el buen gobierno y ha reforzado también el principio de apropiación democrática en el texto", ha celebrado el ponente negociador de la Eurocámara, el eurodiputado popular polaco, Bogdan Wenta, que se ha mostrado convencido que el nuevo consenso será "una herramienta eficaz para combatir la pobreza" y permitirá reforzar la cooperación con los países socios.
El otro responsable de la negociación en la Eurocámara, el eurodiputado socialista alemán Norbert Neuser, ha subrayado la importancia de haber concedido "una mayor capacidad de supervisión al Parlamento de los instrumentos financieros" para garantizar "un mayor control democrático" de la ayuda y que "siempre vaya a los más pobres".
Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, es contrario a "toda inmigración" y ha recurrido el sistema de cuotas de refugiados pactado en la UE ante la justicia europea, amenazó con vetar la adopción del nuevo consenso europeo por el "tono positivo" hacia la inmigración y por su preocupación de que se invada sus competencias, según fuentes diplomáticas y europeas.
El consenso deja claro que se "respetará las competencias nacionales y, en particular no afectará al derecho" de los Estados miembro a "determinar los volúmenes de admisión de nacionales de terceros países" en su territorio "para buscar trabajo". "La inmigración bien gestionada y la movilidad pueden hacer contribuciones positivas para el crecimiento inclusivo y el desarrollo durable", asegura el texto.
Los Veintiocho también respaldaron condicionar al menos parte de la ayudas al desarrollo a la cooperación de terceros países en el retorno y readmisión de inmigrantes irregulares, "aplicando la capacidad de influencia con todas las políticas relevantes de la UE, instrumentos y herramientas, incluido el desarrollo y el comercio" aunque eso sí garantizando "el pleno respeto de las obligaciones humanitarias y de los Derechos Humanos".
"No estamos hablando de toda la ayuda. No es la primera prioridad, sino contribuir al desarrollo y eliminar la pobreza pero los Estados miembro se han decantado por un enfoque más restrictivo", han explicado fuentes europeas. Fuentes diplomáticas precisaron que se trata de promover el concepto de "más ayuda a cambio de más" cooperación en las repatriaciones, pero "no se excluye reducirlas" en caso de que no haya cooperación en este terreno.
El nuevo marco propone una mayor coordinación y coherencia entre las políticas a nivel europeo y de los Estados miembro y estrategias a medida y diferenciadas para cada socio, a través de la programación conjunta de la ayuda y, asimismo, incide en la importancia de la implicación de la sociedad civil y en lograr mayores resultados e impacto, incluido a través de más transparencia y rendición de cuentas "mutua".
En el consenso, la UE y los Estados miembro confirman que buscarán recabar "fondos adicionales, incluido del sector privado y a través de iniciativas e instrumentos financieros innovadores" para promover el desarrollo.
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