La Fiscalía de Madrid ha renunciado a recurrir el archivo de la causa que el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid tramitaba contra traductora que supuestamente robó información sensible de la Audiencia Nacional. En su día, el Ministerio Público ya interesó que la investigación se cerrara porque, si bien quedó acreditado el robo de datos reservados que se hallaban en soportes informáticos, no se encontraron pruebas de que dicha información hubiera sido revelada a terceros.
La investigación llevaba tiempo paralizada en el Juzgado de Plaza de Castilla a la espera de un informe solicitado a Microsoft USA en junio de 2014 con vistas a aportar pruebas del supuesto robo de información sensible por parte de una falsa traductora. Esta agente habría sustraído información de los ordenadores de los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Fernando Andreu.
Tras varios intentos infructuosos de solicitar esta información capital para el procedimiento a la empresa norteamericana, la juez Josefa Bustos se vio obligada a cerrar el caso y devolver a la acusada el pasaporte que le mantenía retenido como medida cautelar.
El archivo ha devenido en firme tras renunciar la Fiscalía a presentar recurso contra dicha decisión, han informado fuentes fiscales a Europa Press.
RESPUESTA DE EEUU
En el informe fiscal que instaba al archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ya constataba que la comisión rogatoria ante las autoridades norteamericanas, a fin de solicitar información sobre una cuenta de correo electrónico, no dio ningún fruto. EE.UU consideraba que la solicitud efectuada por España no cumplía los requisitos para intervenir el correo.
Se trataba de aclarar si los datos sustraídos habían podido ser facilitados por la traductora a una organización de carácter terrorista. "Algunos de los hechos que motiven la solicitud deben ser relativamente recientes o indicar la probabilidad de que las pruebas se hallen aún en el lugar que sea preciso registrar", contestaron los americanos, añadiendo que como no se daban ninguna de estas dos circunstancias no podían atender la solicitud de la justicia española.
La traductora estaba acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos e incluso se investigaron indicios de que realmente fuera un 'topo' del CNI que pasaba a este centro información reservada sobre causas que tramitaban Andreu y el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Había sido contratada para ayudar a ambos magistrados en causas sobre el terrorismo yihadista.
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