El Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias fue creado por Ley del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre "y tiene en manos privadas el 80% del territorio que ocupa y, sin embargo, en su Comisión Rectora no cuenta con representación de los titulares de derechos afectados por estas normas de protección", ha criticado Foro.
"Los habitantes de los espacios naturales protegidos -continuó Carmen Fernández- han sido víctimas constantes de las decisiones del gobierno del Principado, comenzando en el año 2006 en el caso de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias con el anterior Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el PDS (Plan de Desarrollo Sostenible) anulados por nada menos de 14 sentencias del Tribunal Supremo, y continuado en el año 2013 aprobando no sólo el Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de multitud de espacios protegidos en la región sin contemplar inversiones de ningún tipo en los mismos, ni tampoco las debidas compensaciones a los titulares de derechos afectados por estas normas de protección".
Pese a ello, "el pacto presupuestario para 2017 deja a los habitantes de los espacios naturales protegidos sin un euro de las compensaciones a las que tienen derecho conforme a las sentencias del Supremo y del TSJA. Desde FORO habíamos presentado una enmienda para crear una partida dotada con 350.000 € con el único propósito de cumplir las Sentencias, pero fue rechazada en la Junta por los firmantes del pacto".
En cuanto a la Proposición No de Ley presentada por FORO para modificar el contenido del actual artículo 33, de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales del Principado de Asturias, afirma que "con la actual reglamentación se ha ido configurando el máximo órgano gestor de los mismos, la denominada Comisión Rectora, prescindiendo de la participación de los habitantes de la zona y, más concretamente, de los titulares de derechos que se ven afectados por la creación de dichos parques, sin poder participar en la toma de decisiones que regirá su futuro, y el de sus actividades económicas y tradicionales, más allá de una participación anecdótica en la Junta Rectora, un órgano meramente consultivo sin peso decisorio alguno. La gestión de estas zonas pasa por contar necesariamente con sus habitantes y ser capaz de conciliar la conservación con el aprovechamiento racional de los recursos tradicionales y de otros innovadores", señala Carmen Fernández.
Para la diputada, "la falta de inversiones y la interpretación avasalladora de la normativa en materia de espacios naturales protegidos chocan frontalmente con el adecuado aprovechamiento de estos espacios, puesto que existe un malestar generalizado entre los propietarios del terreno y quienes ejercen sus actividades económicas en estos espacios, algunas tan tradicionales como la propia ganadería, con respecto a la normativa que los regula".
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