Según ha indicado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la medida entrará en vigor el 16 de enero de 2017 y afectará a más de 270.000 empleados públicos andaluces de la Junta. Además ha resaltado que esta medida supondrá la generación de nuevo empleo público, algo que no está cuantificado, pero que podría ser algo inferior a los 12.000 nuevos empleos.
Asimismo, ha recordado que esta recuperación de las 35 horas forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión ratificada en el acuerdo del pasado 2 de junio con CCOO, UGT y CSIF.
Vázquez ha recordado que esta jornada laboral de 35 horas semanales fue implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico-financiero, de forma que se pasó de 35 horas a 37,5 horas semanales, en lo que se dio a llamar "horas de Rajoy".
Destaca que con la recuperación de esta jornada "se mejorarán las condiciones de más de 270.000 trabajadores, reforzará la calidad de los servicios, mejores condiciones de trabajo, más posibilidad para conciliar la vida familiar y laboral y aumentará las oportunidades de empleo público en la Comunidad".
La tramitación como decreto ley, fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé por razones de "extraordinaria y urgente necesidad", permitirá implantar la medida dentro del calendario acordado. El 16 de enero se llevará a cabo en la Administración General, para extenderse después a los sectores sanitario y educativo.
ANDALUCÍA ES "COMPETENTE"
Vázquez ha dejado claro que Andalucía es "competente" a la hora de definir y regular la jornada laboral de sus empleados públicos, puesto que "tenemos competencias exclusivas, que nos atribuye el Estatuto de Autonomía, sobre la edificación de la función pública y en materia de personal", tras lo que añade que también lo dispone el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ha citado esos preceptos legales y el acuerdo con los sindicatos para expresar su deseo de que el Gobierno central no recurra este decreto ley de 35 horas.
Ha añadido que la jornada de 37,5 horas impuesta por el PP, junto a otros recortes, "estuvo vinculada en su momento a las dificultades económicas que existían en el momento de tomar esas decisiones", por lo que "si el Gobierno de España dice que estamos en recuperación, es lógico que se devuelvan todos los derechos a los empleados públicos".
Por ello, pide al Gobierno central que "respete el Estatuto de Autonomía andaluz y la autonomía de las administraciones, y que no ponga obstáculos a una medida que "es de justicia social y tiene beneficios económicos y sociales para Andalucía y cualquier comunidad que la tome".
"No es cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política, y la Junta está decidida a fortalecer los servicios públicos", ha aseverado Vázquez, quien considera que "sería irresponsable impedir que los profesionales de servicios públicos, que han soportado el peso de la crisis, ahora no se puedan beneficiar de esa recuperación".
Vázquez cree que el PP-A "tiene ahora la oportunidad de estar con los funcionarios públicos y con la recuperación de derechos, no vale sólo hablar de boquilla y subirse a la pancarta y cuando llega la hora de la verdad esconderse" y recuerda que este decreto ley debe convalidarlo el Parlamento andaluz, "donde esperamos que el PP-A se retrate, pues tiene la oportunidad de sumarse y defender la jornada de 35 horas, o bien seguir sumiso y cómplice a la media del Gobierno de Rajoy".
"DESMONTAR EL MITO"
"El Gobierno andaluz está haciendo de contrapeso a aquellos que quieren debilitar lo público y recuperamos lo que la crisis y el PP les arrebató, Andalucía sigue un camino distinto y ahora marcamos el camino para que la recuperación sea justa y llegue a las familias", ha aseverado Vázquez, quien ha recordado que Andalucía "no promovió despidos masivos ni se produjeron privatizaciones, como en otras comunidades, sino que se optó por repartir de manera solidaria el trabajo y llevar a profesionales al 75 por ciento del tiempo de trabajo y del salario, pero ya han recuperado el cien por cien".
A su juicio "somos diferentes y hemos desmontado el mito de que la derecha gestiona mejor que la izquierda, eso con la gestión de la Junta ha quedado totalmente descartado, pues aquí hemos pagados las cuentas y hemos hecho compatible la difícil ecuación de cumplir con el déficit público y reforzar los servicios públicos".
"No compartimos la idea malsana de la derecha, verbalizada por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de que hay que trabajar mas y por menos salario, creemos que hace falta ser más productivos y más creativos", ha añadido Vázquez, quien considera que "la devaluación salarial no es la forma de ganar competitividad".
El portavoz espera que ese decreto ley tenga un efecto arrastre más allá de la administración pública y destaca que con este acuerdo "Andalucía vuelve a colocarse en la vanguardia nacional en recuperación de derechos y revertimos el daño social que ha causado la crisis, a la vez que fortalecemos esos servicios públicos y abrimos expectativas laborales para los desempleados". "Firmamos el acuerdo por convicción, por justicia social y es una medida inteligente desde la perspectiva económica", ha añadido Vázquez, quien considera que se trata de "una medida necesaria, oportuna y de justicia social; es una medida redonda".
ESPECIFICIDAD EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
La adaptación de los servicios públicos al restablecimiento de las 35 horas estará sujeta a la negociación colectiva.
En este proceso se tendrán especialmente en cuenta las características del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de "flexibilidad" que se negocien en cada ámbito, mientras que en la Administración educativa la jornada se implantará progresivamente a partir del curso 2017/2018 por razones de organización y planificación del calendario escolar.
RECUPERACIÓN DE DERECHOS
El portavoz ha explicado que "la devolución los derechos laborales suspendidos a los empleados públicos se ha venido realizando durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura".
Así, el personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de retribuciones, que se vieron reducidas en un 25 por ciento por la redistribución del trabajo. Asimismo, tras años de congelación retributiva, en enero de 2016 ya se aplicó a los empleados públicos autonómicos una subida salarial del uno por ciento.
Vázquez ha recordado que desde junio de 2015 "se han recuperado todas las pagas extraordinarias y también se han realizado este mismo año los dos primeros abonos de la devolución de la extra de 2012", proceso que se completará en febrero de 2017 y de 2018.
De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se recoge el compromiso de revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del cien por cien del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los días de ausencia.
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