CAE EN MADRID UNA BANDA RESPONSABLE DE UNOS 500 ROBOS EN VIVIENDAS Y EMPRESAS

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid un grupo especializado en asaltar viviendas y naves industriales y han recuperado efectos valorados en más de tres millones de euros procedentes de unos 500 robos cometidos en distintas provincias españolas.
Según informó hoy el Ministerio del Interior en una nota de prensa, en el dispositivo participaron más de 600 agentes de ambos cuerpos policiales y fueron detenidas 53 personas e investigadas otras 20 como presuntas autoras de multitud de delitos de robo.
Los delitos fueron cometidos en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Segovia, León, Valladolid, Burgos y Palencia.
39 REGISTROS
Además, los agentes efectuaron 39 registros en los que se incautaron de miles de efectos procedentes de los asaltos.
Los arrestados llegaban incluso a recorrer 1.000 kilómetros en una sola noche para cometer los asaltos, efectuando varios robos en puntos muy distantes entre sí.
La investigación se inició tras la comisión de varios robos en la provincia de Ciudad Real entre los meses de marzo y mayo del pasado año, tanto en empresas radicadas en polígonos industriales como en domicilios habitados, segundas viviendas, establecimientos públicos, explotaciones agrícolas y otros lugares.
Según los investigadores, los ladrones se dividían en seis células para cometer robos con fuerza, cada una de las cuales actuaba en una de las zonas geográficas en las que habían dividido el territorio español.
70 INTEGRANTES
A estas células se unía el aparato de dirección y blanqueo de capitales, así como el dedicado a la venta de los objetos sustraídos.
La dirección estaba formada por cinco personas que se encargaban de la recepción y blanqueo de capitales, utilizando para ello testaferros y empresas pantalla.
Las células encargadas de cometer los robos variaban en su composición entre cuatro y 10 integrantes dependiendo de la zona en la que desarrollaban su actividad.
Un grupo compuesto por 12 personas se encargaba de la distribución de los objetos sustraídos, que eran vendidos a terceros por receptadores puntuales o empresas recuperadoras de materiales -ubicadas en las localidades madrileñas de Mejorada del Campo, Vicálvaro y Coslada-, y en establecimientos de compraventa de objetos usados.
También utilizaban las nuevas tecnologías para dar salida al producto de sus robos, empleando conocidas páginas web de compraventa de objetos entre particulares o entre estos y empresas.
Tras las investigaciones, los agentes determinaron que la organización criminal estaba compuesta por un número superior a 70 personas y que contaba en las localidades madrileñas de Coslada, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz -donde se reunían a diario para establecer y fijar los lugares donde iban a perpetrar los robos-, con numerosos domicilios, garajes, almacenes y trasteros que utilizaban como bases logísticas, donde almacenaban los objetos robados.