La fiscalía brasileña acusó al expresidente Luiz Inácio Lula de Silva de haber montado dos inmensas maquinarias de corrupción: el "Mensalao", una red de sobornos a legisladores a cambio de apoyo político, y el "Petrolao", versión ampliada que desvió fondos de Petrobras.
Según el fiscal Deltan Dallagnol, jefe del equipo de la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) que investiga el caso Petrobras, los indicios muestran la "continuidad de un único e inmenso esquema delictivo" que convirtió a la democracia del gigante latinoamericano en una "sobornocracia".
La denuncia presentada el miércoles afirma que en ambos esquemas se creó una estructura que dirigía beneficios hacia quienes detentaban el poder y hacia sus partidos.
Un factor común de esos engranajes delictivos "fue su funcionamiento en beneficio de Lula, no solo por las ventajas financieras que recibió, sino también por la gobernabilidad conquistada y por el fortalecimiento" de su formación política, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), subraya el escrito de 149 páginas elaborado por la fiscalía de Paraná (sur).
El "Mensalao" estalló en el primero de los dos mandatos de Lula (2003-2006) y llevó a la cárcel a muchos de sus allegados, aunque el mandatario no fue involucrado y logró ser reelegido.
El PT había llegado al poder sin mayoría parlamentaria y debió tejer alianzas con partidos que no le eran afines para impulsar sus proyectos. Según las investigaciones, ahí surgió el "Mensalao", un sistema de compra de voluntades que distribuía una mesada a numerosos legisladores, financiado ilegalmente con recursos públicos.
El gobierno pudo así aprobar una reforma del sistema de jubilaciones y una tributaria en 2003, afirma el escrito.
El personaje clave entre este escándalo y el de Petrobras es José Dirceu, exjefe de gabinete y mano derecha de Lula, que debió dejar el gobierno en 2005 cuando estalló el caso y fue condenado a siete años y once meses de prisión. En mayo de este año, fue sentenciado a 23 años acusado de haber participado también en el "Petrolao".
"La corrupción sistémica, además de persistir, fue incrementada después de la salida formal de Dirceu del gobierno, porque el comandante de la estructura delictiva no era él, si no el propio Lula", indica el texto de la fiscalía.
El "Petrolao" fue un esquema que operó durante una década en Petrobras, por el cual las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la estatal, que a su vez habían sido designados por partidos políticos, a cambio de obtener contratos.
Las empresas sobrefacturaban las obras y ese excedente era distribuido entre las agrupaciones políticas para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.
Los números impresionan: los perjuicios que ocasionó superan los 12.000 millones de dólares, según el informe de Dallagnol.
La investigación produjo 233 acusaciones y 106 condenas por un total de 1.148 años de prisión. Sus ramificaciones llevaron a la fiscalía a pedir colaboración en 30 países.
El inusual éxito de la investigación se basó en las delaciones premiadas, unos acuerdos entre la Justicia y delincuentes confesos a cambio de reducciones en sus penas. Hay 70 colaboraciones de este tipo vigentes.
El escándalo fue el gran motor de las protestas contra el PT y el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, que fue destituida el mes pasado por maquillar las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con Petrobras, pero plagado de menciones al caso.
Lula, de 70 años, fue denunciado específicamente como presunto beneficiario de ilegalidades cometidas por la constructora OAS, una de las 16 integrantes del cartel que estafaron a Petrobras manipulando licitaciones.
La fiscalía acusa a Lula de corrupción pasiva y lavado de dinero -en este caso junto a su esposa Marisa Leticia Lula da Silva- por recibir parte del dinero desviado, en la forma de un apartamento tríplex en el balneario de Guaruja (Sao Paulo), y por un contrato de almacenamiento de sus bienes personales.
El total adjudicado a Lula suma 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares).
En otro expediente radicado en Brasilia, también está acusado de intentar obstruir las investigaciones, luego de que un exsenador de su partido, Delcidio do Amaral, dijera que fue uno de los que le pidió que comprara el silencio de un directivo de Petrobras.
Ahora, el juez Sergio Moro, ícono de la lucha contra la corrupción, deberá decidir si acepta la denuncia presentada por Dallagnol en la víspera.
En medio de la gigantesca repercusión que tuvo en Brasil, editoriales y especialistas señalaron una aparente desproporción entre las acusaciones y las pruebas presentadas hasta el momento.
Lula niega todos los crgos y afirmó el jueves que, si se probaran iría "a pie para ser detenido".
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