Nacionalistas y socialistas trabajarán por mayor autonomía del País Vasco

Los nacionalistas conservadores vascos y los socialistas firmaron este martes un acuerdo de gobierno en el País Vasco, en el que acordaron promover una mayor autonomía de la región.

El acuerdo firmado en Vitoria por los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi (PSE), permitirá que siga presidiendo la región el nacionalista Íñigo Urkullu, que ganó sin mayoría absoluta los comicios del pasado 25 de septiembre.

Al mismo tiempo la coalición le da realce a los socialistas de esta región del norte de España, que fueron solo la cuarta fuerza, cosechando allí el peor resultado de su historia.

Ambas partes acordaron elaborar en un plazo estimado de ocho meses un borrador de reforma del Estatuto de autonomía de Gernika, aprobado en 1979 y en el que se enumeran las competencias del País Vasco. La región, además de gobierno y parlamento propios, dispone de su policía, la Ertzaintza, y un régimen fiscal privilegiado.

Concretamente, el documento pide trabajar con el gobierno central para lograr la transferencia de 34 competencias, entre ellas la Seguridad Social, aeropuertos, infraestructuras ferroviarias, hidrocarburos y centros penitenciarios.

Y considera que el debate sobre el futuro estatuto podrá abordar propuestas importantes para los nacionalistas como el reconocimiento del País Vasco como "nación" o el "derecho a decidir", una reivindicación idéntica a la de los nacionalistas catalanes.

El acuerdo fue rápidamente criticado por el gobernante Partido Popular (conservador).

"Me preocupa que la hoja de ruta para el PSE (Partido socialista de Euskadi) sea el radicalismo independentista y la ruptura de la soberanía nacional", declaró en su cuenta de Twitter Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, los nacionalistas de Urkullu, quien no se declara separatista, pactaron también respetar siempre en estos debates el "ordenamiento jurídico" de España, sin desafíos unilaterales como el que plantean los separatistas que gobiernan Cataluña, que prometen organizar un referéndum de independencia con o sin el acuerdo de Madrid.

Nacionalistas y socialistas también se comprometen a defender el empleo, para que sea "el eje básico de la actuación política" del gobierno.

El pacto bilateral aboga igualmente por "un final ordenado de la violencia", cinco años después de que ETA anunciara el abandono de cuatro décadas de lucha armada en la que se le imputan 829 muertos, además de secuestros y extorsiones a empresarios.

El texto pide "la disolución" de ETA y recoge la necesidad de un "traslado de los presos a prisiones cercanas a su entorno familiar", siguiendo una vieja reivindicación de la banda y de los nacionalistas.