El PP subraya que la sanción a Alonso y Maroto la ha puesto una consejera propuesta por IU

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Maillo ha pedido que no se mezclen los casos de presunta corrupción con los que no lo son y ha subrayado que el caso que afecta a Alonso y Maroto por su época en el Ayuntamiento de Vitoria "es una resolución meramente administrativa", y que además la van a recurrir.

Por todo ello, ha sostenido que ninguno de los dos está invalidado como candidato. Alonso es hoy ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, y repetirá como cabeza de lista al Congreso por Álava el 26J. Maroto, vicesecretario Sectorial del PP, será segundo en esa lista.

El Tribunal de Cuentas les ha condenado a ambos por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado, cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto concejal de Hacienda.

Maillo ha recalcado que no existe proceso penal, porque la Fiscalía lo archivó y ha opinado que cuando "cuando uno gestiona los recursos públicos muchos años a veces la oposición usa la Justicia o las instituciones --como es el Tribunal de Cuentas, que es un órgano administrativo-- para hacer oposición".

El dirigente 'popular' ha defendido que su partido combate la corrupción como el que más --"los que vengan al partido a usarlo en beneficio propio no tienen cabida, se llamen como se llamen", ha dicho-- pero que hay que ser justos, de manera que no se tome por corrupción lo que no es, porque sería "la ley de la selva", ni se utilice la presunción de inocencia para no asumir responsabilidades.

Además, ha insistido en que la próxima legislatura debería llegarse a un pacto de todos los partidos contra la corrupción, igual que en el pasado se hizo contra el transfuguismo, donde también se acuerde en qué momento se deben asumir las responsabilidades políticas.

Por otro lado, preguntado por la advertencia de la Unión Progresista de Fiscales de que no dará tiempo a revisar todas las causas judiciales antes del 6 de junio --como exige la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal-- se ha mostrado convencido de que el Ministerio de Justicia buscará la manera de que no se produzca impunidad ni indefensión de los ciudadanos.