La asociación Contratrama ha presentado una querella en el Tribunal Supremo en la que acusa al exjefe Anticorrupción y actual fiscal de este órgano Manuel Moix de incurrir en varios delitos al ignorar en 2007 una denuncia presentada por una plataforma de vecinos de Madrid por la forma en la que un parque público construido en terrenos del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí se sustituyó por un campo de golf de gestión privada a manos de familiares del expresidente autonómico Ignacio González, hoy en prisión preventiva por el 'caso Lezo'.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se le atribuye prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento "así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación de los hechos que se denuncian, y contra quienes resulten responsables a lo largo de la misma". La acción penal ha sido presentada ante el Tribunal Supremo dada la condición de aforado de Moix, que tiene categoría de fiscal de Sala.
Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en el lugar se construyera el denominado "tercer depósito", un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.
Para ello, González tuvo que anuló la declaración de interés general del proyecto inicial. Además, se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.
En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación. En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias mediante sendos escritos firmados por él mismo, mientras que sobre la querella la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite.
OPERACIÓN INVESTIGADA EN 'LEZO'
La querella, de 36 páginas, recuerda que el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado 'caso Lezo'.
"El encubrimiento por parte de Don Manuel Moix Blázquez de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la "organización criminal" -así definida en el citado auto de la Audiencia Nacional- siguiese operando durante diez años", añade la querella.
La primera de las denuncias fue presentada el 29 de mayo de 2007 y seis días después -3 días hábiles- Moix la archivó mediante un decreto de 11 líneas sin realizar ningún tipo de diligencias señalando que no estaba acreditado "ni siquiera indiciariamente" que Ignacio González no se hubiera abstenido en la votación en la que se adjudicó la gestión del campo de golf.
Lo cierto, según apunta Contratrama en su querella, es que esta circunstancia sí estaba acreditada, tal y como publicó la prensa tras la comparecencia ante los medios del propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
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