El Auto de la Juez, aparecido en algunos medios de comunicación, y fechado el 20 de octubre de 2016, aprecia indicios de delitos urbanísticos y de prevaricación por haber aprobado en 2013 el Plan General de Villamediana de Iregua que legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable, entre ellas la del actual vicepresidente del Senado - en su caso actuó como promotor al convertir una casa de aperos en un chalet de dos plantas-.
Abre también causa por presunta prevaricación contra el exalcalde de la localidad, y siete concejales - seis del Partido Popular y uno que pertenecía en el momento de la votación al PR+, y que fue expulsado de esta formación tras apoyar a los 'populares'- .
En el escrito, se extiende la sospecha de esta prevaricación contra los entonces miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR), al aprobar este órgano de manera definitiva el Plan.
La juez pide averiguar "si esa decisión discrecional del planeamiento municipal se ha basado en motivos espurios que anteponen la voluntad de quienes votan a favor de la aprobación del Plan General a las disposiciones de la ley por permitir la legalización de la vivienda del - entonces- presidente del Gobierno de La Rioja".
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