El TSJA pregunta a la Fiscalía si abre causa contra el parlamentario Carmelo Gómez por Mercasevilla

El TSJA ha tomado esta decisión después de que, el pasado 22 de noviembre, la juez María Núñez Bolaños le enviara una exposición razonada para que investigara al parlamentario socialista, dada su condición de aforado, por el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas por un valor de 8.390,55 euros que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas con un contrato que podría ser "simulado".

Tras recibir dicha exposición razonada por parte de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, el TSJA ha preguntado a la Fiscalía Superior de Andalucía si deben abrirse o no diligencias previas.

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez pide al TSJA que investigue tanto a Carmelo Gómez como a otras seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra; al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex concejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al asesor fiscal de Lanzas, José Rodríguez López.

La juez considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación "derivado de la firma de contratos", de un delito de malversación de caudales públicos, "derivado de los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima", y de un delito de falsificación de documento mercantil, "derivados de la confección, presentación y pago de las facturas".

La magistrada recuerda que, por medio de un auto dictado el 9 de junio de 2015, la juez Mercedes Alaya acordó librar mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informase sobre el "supuesto pago" por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, "aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas", pues "aparecen dados de alta el primero en 'Maginae Solutions', en 'Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la tercera en dicha entidad y en 'Consulting Social Siemur'".

Al hilo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla alude a un oficio de la UCO donde "se hace constar" la existencia de distintos contratos y retribuciones a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez.

CONTRATOS "SIMULADOS"

La instructora señala que, según se recoge en dicho oficio, "existen indicios suficientes para considerar que Fernando Mellet, en connivencia con Juan Lanzas e Ismael Sierra, con cargo a los fondos de Mercasevilla, abonó 70.024 euros (33.024 más 37.000), importe que prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas, en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social", ascendente a 69.751,41 euros, "de los trabajadores José Antonio García, Carmelo Gómez y María del Carmen Rodríguez".

En concreto, la magistrada precisa que, desde que fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador de Maginae Solutions el día 22 de marzo de 2007 y hasta su baja el 1 de agosto de ese mismo año --figuró dado de alta en esta sociedad durante 133 días--, el importe total de las retribuciones percibidas por Carmelo Gómez ascendió a 8.390,55 euros (4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen).

"Este importe, 8.390,55 euros, coincidiría prácticamente con el importe de los pagos en concepto de abono de nóminas detectados a favor de Carmelo Gómez, 7.846,19 euros", explica la instructora.

En este sentido, considera que "existen indicios" de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados", unos "indicios" que "han sido refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del salario, habiendo guardado silencio en sus declaraciones en sede judicial los investigados en este concreto asunto, en especial los responsables de las empresas en las que se supone estuvo trabajando".