El magistrado ha concedido este permiso para que Victoria, que se encuentra imputado en el 'caso Púnica' y que dimitió de sus cargos en la Comunidad de Madrid el 4 de junio de 2015, pueda visitar a su hijo, que estudia en Irlanda.
El exconsejero pidió sin éxito el pasado mayo autorización para desplazarse durante tres días a Guinea Ecuatorial para asesorar al Gobierno en un "proyecto cinematográfico" de promoción turística del país africano. Victoria, contra el que pesa la prohibición de abandonar España, pedía desplazarse "para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos profesionales".
El juez investiga si Victoria dispensó un "trato de favor" al informático Alejandro de Pedro y ordenó al menos cinco pagos en negro para remunerar sus trabajos de reputación 'on line' para altos cargos.
El juez cree que Victoria habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.
UN CENTENAR DE IMPUTADOS
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en la adjudicación de contratos supuestamente fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en las comunidades de Madrid y Murcia, la Diputación de León y una decena de ayuntamientos.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa se encuentran, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; los antiguos titulares de Educación Lucía Figar y Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.
El juez mantiene bajo secreto la pieza en la que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño, en la que imputa presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales al empresario Javier López Madrid y al exgerente regional Beltrán Gutiérrez.
Velasco dejó el pasado 30 de diciembre en libertad al empresario de la construcción David Marjaliza, después de que pagase la fianza de 100.000 euros que le impuso tras haber adoptado una "dinámica de colaboración" con la Justicia, que ha permitido recuperar activos de origen delictivo y disponer de "evidencias documentales incriminatorias".
Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros, la presencia en unas 150 empresas e incluso la construcción de un zulo para ocultar "obras de arte y dinero", está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal. Estos delitos se atribuyen también al exconsejero madrileño Francisco Granados, el único de los miembros de la trama que permanece en prisión.
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