A la espera de algo más que un recuento

Leandro Lamor

Barcelona, 9 nov.- Consumado el 9N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, queda por despejar si el denominado proceso de participación ciudadana celebrado hoy en Cataluña tendrá consecuencias jurídicas y políticas inmediatas y si ello condicionará las ya tensas relaciones entre Gobierno y Generalitat.

De momento el primer movimiento esperado será el anunciado por el president Artur Mas, que remitirá una carta al presidente Mariano Rajoy para hacer "balance" del 9N y ofrecer su disposición a hablar para hallar "soluciones" con la intención de discutir un referendo "definitivo" y "acordado" al estilo británico.

Sin embargo, cuando hace unos días Mas avanzó este gesto, aún no se habían precipitado los acontecimientos previos al 9N, como el de ayer de la Fiscalía al pedir a la Generalitat el listado de locales públicos abiertos hoy y que los mossos identificaran a quienes abrieran los puntos de votación.

Ni tampoco se habían producido sus declaraciones de hoy afirmando que él es el único responsable de la jornada, lo que ha llevado al Gobierno a recalcar que el 9N es "inútil" y lamentar que el comportamiento de Artur Mas "dificulta mucho el futuro".

Es sintomático que el único portavoz oficial del Gobierno durante esta noche haya sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha afirmado que el proceso participativo de hoy es un "simulacro inútil y estéril" que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para "exacerbar" la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas.

El ministro también ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, actuar en los próximos días.

Por lo tanto, el "post" 9N no tendrá tanto el foco en el recuento por los voluntarios de las papeletas depositadas en los puntos de votación, ya que el proceso no tiene validez, sino en las consecuencias jurídicas y políticas de este domingo de noviembre.

A nivel jurídico habrá que ver, aunque los jueces hayan dejado hoy participar a la ciudadanía, las posibles consecuencias que de ello puedan derivarse.

En el plano político deberá calibrarse si las relaciones entre Rajoy y Mas, cuya última reunión se remonta a finales del pasado julio, estarán marcadas por el hecho de que el presidente catalán se haya responsabilizado de un 9N impugnado por el Gobierno y suspendido en consecuencia por el Tribunal Constitucional.

También queda pendiente comprobar si mañana ERC volverá a reclamar a Mas elecciones anticipadas, algo que el presidente catalán sólo estaría dispuesto a llevar a cabo si logra una lista ampliada que le permita formularlas en clave plebiscitaria.

Mas, cuya presencia ha sido hoy muy activa en el transcurso de la jornada, deberá decidir si convoca las urnas o si agota -como era su intención anual- esta legislatura, para lo que podría contar con el apoyo del PSC en la aprobación de los presupuestos, ya que no contará, al parecer, con el visto bueno de ERC.

El denominado proceso de participación ciudadana, que Mas impulsó tras haber suspendido el TC el decreto de convocatoria de la consulta original del 9N, ha contado, según la Generalitat, con una participación de más de dos millones de ciudadanos.

La jornada ha discurrido con la vicepresidenta del govern dando resultados de participación mientras que la operatividad de los puntos de votación se dejaba en manos de voluntarios.

El presidente de la Generalitat era el primer interesado en que el 9N no fuera percibido como la "consulta definitiva" que anhelaba inicialmente sino una jornada de expresión ciudadana, con un alto contenido emocional, que pueda esgrimir a partir de mañana como arma de negociación política.

Ahora, cuando el 9N expira sus últimas horas y los voluntarios realizan el recuento provisional de papeletas, quedará por ver el recuento de las consecuencias jurídicas y políticas de una jornada particular en muchos de los sentidos.