Afectados por la hipoteca consigue el apoyo de la izquierda plural, compromís y erc para su recurso de inconstitucionalidad

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido el apoyo de La Izquierda Plural, Compromís y ERC al recurso de inconstitucionalidad que ha redactado contra la Ley 1/2013, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, que hoy presentó en rueda de prensa en Madrid.
Ante las puertas del Tribunal Constitucional, la portavoz de la PAH, Ada Colau, explicó que para que un recurso de inconstitucionalidad se pueda presentar debe contar con el aval de al menos 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, y la fecha límite de presentación es el 16 de agosto, aunque la intención es presentarlo unos días antes.
“Estamos empezando a recibir las respuestas y ayer enviamos la petición”, afirmó Colau, quien recalcó que se trata de una iniciativa de la plataforma a la que representa y criticó que ningún partido haya pensado en presentar un recurso propio contra la ley antes de que la PAH se lo haya planteado.
Colau recordó que todos los partidos políticos votaron a favor de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la plataforma para establecer la dación en pago como forma de saldar la deuda hipotecaria, y consideró que, “por coherencia, (los partidos que apoyaban esta propuesta) deberían avalar este recurso”.
En cuanto a la posición del PSOE, la portavoz de la PAH explicó que la intención de los socialistas era apropiarse del recurso preparado por la plataforma y presentarlo por su cuenta, además de hacer algunos cambios en la exposición de motivos, pero desde la PAH “pedimos que lo avalen y no que se lo apropien”, indicó.
Por su parte, el asesor jurídico de la plataforma, Rafael Mayoral, detalló los motivos de inconstitucionalidad de la ley a juicio de la PAH, entre los que figuran los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, la discriminación por razón de edad, el desalojo de menores y la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de los desahuciados.