Madrid, 7 sep.- La reforma de la Constitución española que garantizará la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas fue aprobada definitivamente tras ser avalada hoy por el Senado, después de que lo hiciera el Congreso hace una semana.
La modificación del artículo 135 de la Carta Magna fue respaldada por la Cámara Alta tras rechazarse las enmiendas que las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas habían presentado.
Votaron a favor los dos partidos mayoritarios, el gubernamental PSOE y el conservador Partido Popular, las dos formaciones que han pactado esta reforma de urgencia de la Constitución.
Una vez que el Senado culminó la tramitación parlamentaria de la reforma de la Constitución, los diputados y senadores tendrán de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para pedir un referéndum, que sólo se convocaría si así lo solicitasen 35 miembros del Congreso o 26 del Senado, es decir, una décima parte de cada cámara.
La celebración de una consulta popular para avalar esta reforma constitucional es reclamada por los partidos de izquierda, nacionalistas, los grandes sindicatos y sectores sociales como el movimiento de los "indignados".
La reforma constitucional para introducir un límite al gasto de las administraciones públicas es el primer cambio a la Carta Magna que fue redactada en 1978 en España con el consenso de los principales partidos y en plena transición democrática después de la dictadura franquista, si se exceptúa el realizado en 1992 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht.
Precisamente, una de las principales críticas de sus detractores es la rapidez con que se ha tramitado esta reforma, que el pasado día 22 fue propuesta por sorpresa por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, e inmediatamente aceptada por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.
El PSOE y el PP aceleraron todo el proceso para concluir la reforma antes de que se disuelvan las Cortes a finales de septiembre -debido a las elecciones generales del 20 de noviembre- frente a la oposición frontal de los grandes sindicatos españoles y otras organizaciones de izquierda.
Con el cambio se establece en la Constitución la exigencia de alcanzar un déficit público cercano a 0 en el año 2020, aunque en la Carta Magna no se incluye una cifra concreta y los detalles se dejan para una ley orgánica posterior.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera que la reforma transmite un mensaje positivo hacia los mercados.
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