El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apareció ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario sereno y esbozando una media sonrisa. Había conseguido -tras una semana de fuertes negociaciones con su socio de coalición- sacar adelante un decreto anticrisis para hacer frente a los efectos de la inflación. Ahora, solo queda un escollo final: el Congreso. No obstante, esta tranquilidad que desprendía el presidente escondía detrás tensas reuniones durante la última semana, reproches de unos y otros, noches largas de negociaciones y un acuerdo 'in extremis' que evitó una imagen de división dentro del Ejecutivo.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que "el decreto anticrisis no se desatascó hasta última hora -10 minutos antes del Consejo de Ministros- después de una noche larga. Hemos presionado en los tres grandes ámbitos del anuncio: reducción en el abono de transporte, cheque social e impuesto a las eléctricas. Lo que ha salido es el resultado de la negociación, aunque no era nuestra primera propuesta. Sobre todo, porque no querían hacer nada. Partiendo de ahí, hemos estado trabajando todos los días de la semana".
La tensión entre los dos partidos de la coalición ha sido constante a lo largo de estos últimos días. La gran disputa estaba en torno al cheque de ayuda para las familias vulnerables, propuesto por Yolanda Díaz, y la forma en la que gravar el impuesto a las eléctricas (si hacerlo por medio de un proyecto de ley o un decreto). Al final, los morados consiguieron convencer a los socialistas para prorrogar el decreto hasta el próximo 31 de diciembre (seis meses en lugar de tres), pero no lograron sus objetivos en las dos medidas que más debate generaban dentro de la coalición, aunque se quedaron cerca.
A mitad de semana, la vicepresidenta Díaz filtró a los medios la necesidad de incluir un cheque de ayuda (como un bono social) a aquellas familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad por la desatada inflación. El objetivo era dar luz verde a una subvención que alcanzase los 300 euros. No obstante, desde las filas socialistas, rechazaban esa cantidad ya que el Gobierno acumulaba varios miles de millones en gasto a través de reducciones fiscales y ayudas en los dos decretos anticrisis (el presidente remarcó ayer que ambos decretos han supuesto 15.000 millones) . El cheque -que ya era conocido por la opinión pública- era una línea roja marcada por Podemos con la que iba a presionar a su socio. Finalmente, y tras un fuerte debate en el seno del Ejecutivo, se aprobó dar una ayuda de 200 euros. El destinatario serían todas aquellas familias con ingresos por debajo de los 14.000 euros.
La otra gran disputa estaba en torno a gravar un impuesto a las eléctricas por los "beneficios extraordinarios" durante la crisis actual. En el Ejecutivo había cierto 'quorum' ante la necesidad de ponerle coto a los ingresos de las compañías eléctricas ya que entendían que "no tenía sentido" que la clase media y trabajadora del país estuviera "sufriendo" una factura de la luz desorbitada mientras estas se "aprovechaban" de la situación. Sin embargo, este nuevo tributo no será inminente, como quería Unidas Podemos, sino que se hará efectivo a partir de 2023, como defendía el ala socialista del Gobierno.
Aún así, el presidente Sánchez entonó ayer un discurso muy duro contra las compañías eléctricas. "Las cargas de esta situación deben distribuirse con justicia. Deben aportar más quienes estén en mejores condiciones. Aquellos que tienen réditos indirectos de esta subida deben aportar más para proteger la clase media y trabajadora del país. Este impuesto será presentado en las próximas semanas como proposición de ley para que entre en vigor el 1 de enero de 2023. El interés de las mayorías está por encima del interés egoísta".
Entre las medidas que se aprobaron en el Consejo de Ministros destaca "el aumento de un 15% de las pensiones no contributivas (lo que supondrá un ahorro de 60 euros al mes y de 370 euros de aquí a final de año), una reducción del 50% del precio de todos los abonos de transporte que competen al Estado y un 30% para aquellos prestados a las CCAA y las entidades locales. Además, también se incluyó la limitación al precio de la bombona de butano, la reducción del IVA de la electricidad del 10% al 5% (como ya anunció el miércoles), la prórroga hasta septiembre del pago de las cuotas a la Seguridad Social, tanto para el sector pesquero como el del transporte, y la ampliación de todas las ayudas contra la sequía".
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