Así son los órdagos que los nacionalistas ganaron para apoyar investiduras

El cruce de reproches parece ser una constante en la política española desde que se celebraran por segunda vez en seis meses elecciones generales en España.

La ausencia, otra vez, de un grupo político con una mayoría suficiente como para conformar un gobierno ha puesto en marcha toda una maquinaria de pactos en la que los partidos se miran para ver qué rédito pueden obtener de esta situación.

Y ahí es precisamente donde radica la mayor polémica: con una tensión hasta ahora desconocida en Cataluña, muchos temes que un posible pacto con nacionalistas ponga en juego la unidad de España.

Sin embargo, pese al órdago nacionalista al que se enfrenta España con la exigencia de la celebración de un referéndum vinculante como 'línea roja' para el pacto, los gobierno de uno y otro símbolo han hecho concesiones enormes al independentismo con tal de superar la votación de investidura.González: el primero en aumentar competencias en materia fiscal

A pesar de que las cesiones a las reclamaciones de los nacionalistas a la hora de redactar la Constituciónfueron frecuentes durante los mandatos de UDC, lo cierto es que Suarez no precisó de estas fuerzas para ser investido, no así para gobernar.

No fue hasta el cuarto gobierno de Felipe González, en 1993, cuando un aspirante a la Moncloa se vio ante la tesitura de negociar con PNV y CiU o renunciar a los sueños presidencialistas.

El líder socialista eligió esta primera opción y consiguió el apoyo de estas dos formaciones para superar las votaciones. El propio González anunció en su discurso de investidura las dos concesiones más ansiadas por sus socios: la corresponsabilidad fiscal (en torno al 15% del IRPF) y el desarrollo pleno de los estatutos de autonomía con las consiguientes transferencias.El Pacto del Majestic: las mayores concesiones jamás hechas

Pero si alguien tuvo que pagar un precio elevado por llegar a la Moncloa fue Aznar en 1996. Ante la posibilidad de formar un gobierno de derechas tras 14 años de mandatos socialistas fue un caramelo demasiado tentador para el expresidente. Nuevamente, el PNV y CiU eran los que tenían en su mano la llave del poder.

De esta manera, en el País Vasco se aumentaron más aún las competencias de las instituciones vascas -Gobierno y diputaciones forales- en materia fiscal.

Uno de los acuerdos pactados entre el PP y el PNV fue el compromiso del Gobierno de retirar los recursos pendientes ante los tribunales, interpuestos por la Administración central anterior contra las vacaciones fiscales vascas, esto es, la exención de tributar durante diez años a las empresas que se instalasen en el País Vasco. No tardaron ni un mes en cumplir la promesa.

Los catalanes sí supieron negociar con más profundidad el precio de su apoyo, del que luego, indirectamente, se beneficiaron también los vascos.

La lista de concesiones a CiU, que tuvieron su origen en el denominado Pacto del Majestic (firmado el 28 de abril de 1996), fue larga y muy criticada.

De esta manera, Aznar propició un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas que incluyó la cesión del 33% de la recaudación del IRPF (antes era del 15%), del 35% del IVA (desde el 0% anterior) y del 40% de los impuestos especiales.

Acordó, además, importantes transferencias de competencias a la Generalitat, entre las que destacan las competencias de tráfico (hasta entonces en manos de la Guardia Civil), y otras en el ámbito de la justicia, la educación, la agricultura, la cultura, las farmacias, la sanidad, el empleo, los puertos, el medio ambiente, la mediación de seguros y la vivienda.

Por otro lado, se eliminó la figura del gobernador civil, que fue sustituido por el subdelegado del Gobierno, con menos competencias que el anterior y se pusieron en marcha importantes inversiones en Cataluña, como las ampliaciones del puerto y del aeropuerto de Barcelona, y la construcción de la línea del AVE Madrid-Barcelona.

También tuvo que negociar con su propio equipo. De esta manera, no dudó en defenestrar a Aleix Vidal-Quadras al frente del PP de Cataluña para evitar roces con CiU, ya que este se había caracterizado por desarrollar una oposición frontal desde el Parlamento autonómico contra el nacionalismo.

Pero el líder popular incluso fue más allá. Tras la aprobación de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998, que establecía una clara discriminación hacia los castellanohablantes, evitó recurrirla ante el Tribunal Constitucional y maniobró para que el Defensor del Pueblo tampoco lo hiciera.

Ya no necesitó Aznar a sus socios en el año 2000, cuando obtuvo una mayoría absoluta que le permitió gobernar en solitario.Zapatero: el Estatuto a cambio del gobierno

Ya con Zapatero los nacionalistas recuperaron parte de su poder de negociación. Así, para garantizar las abstenciones necesarias en sus dos sucesivas investiduras, los vascos obtuvieron la transferencia de 20 de las 27 competencias que restaban para completar el Estatuto de Guernica.

Además de las políticas activas de empleo, el Gobierno traspasó la Inspección de Trabajo, el tráfico marítimo en aguas vascas o las políticas de formación del Instituto Social de la Marina, además de permitir la presencia de técnicos de la hacienda foral vasca en las reuniones del Ecofin y cumplir con los plazos de la "Y" vasca en la parte que corresponde al Estado. El pacto también garantizaba 112 millones de euros en inversiones adicionales para el País Vasco en el 2011.

En cuanto a los catalanes, tanto ERC como CiU vieron colmadas sus ansias nacionalistas con la redacción del Estatuto, aunque posteriormente fue declarado inconstitucional por el TC.

En el texto, se reconocía que "el autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana", es decir, se blindaron las competencias catalanas para evitar una posible intrusión de un gobierno menos dado a negociar.

Junto a los derechos históricos, el deber de conocer la lengua catalana, la ampliación de competencias en Justicia, la relación bilateral entre Gobierno y Generalitat o las amplias atribuciones que se otorgan al Ejecutivo catalán en lo que respecta a las competencias compartidas son algunos ejemplos de las importantes concesiones que el presidente Rodríguez Zapatero hizo a ERC y CiU.

Ahora, con ma mayoría de las competencias dadas, el órgado nacionalista no podía ser otro: el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y un referéndum que inicie o no este proceso.

Todos los ojos miran ahora a Sánchez y se preguntan si, como sus antecesores, España se doblegará, una vez más, ante el órdago nacionalista.