La Audiencia Nacional ha absuelto a la familia del expresidente de Pescanova. El tribunal considera que Rosario Andrade y sus hijos Pablo e Ignacio Fernández no cometieron delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública con el patrimonio que amasaron en Andorra cercano a los 3 millones de euros, según confirman fuentes jurídicas a La Información. La sentencia de los magistrados se conoce después de la vista que se celebró el pasado mes de julio en la Audiencia coincidiendo con el juicio por la quiebra de la pesquera y concluye que la fortuna amasada no proviene de fondos de la pesquera sino de actividades relacionadas con la hípica.
El magistrado José de la Mata abrió juicio oral contra los familiares de Manuel Fernández de Sousa a mediados de 2019 al constatar que los hechos se produjeron en un momento en que la pesquera comenzó a ocultar la situación de insolvencia por la que atravesaba. Según expuso en su auto, en septiembre de 2009 Rosario Andrade abrió una cuenta en Andbank con un importe de 950.000 euros aunque luego repartió 300.000 a cada uno de sus hijos. Los ingresos recibidos en los sucesivos años hicieron que aglutinara hasta un total de 1,5 millones en efectivo en esta cuenta que, de acuerdo con el juez instructor.
Paralelamente los hijos también abrieron cuentas en la misma entidad andorrana llegando a acumular cerca de un millón de euros cada uno. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les envió al banquillo al no haber acreditado el origen de estos fondos los cuáles, según expuso "permanecieron ocultos en todo momento a la Hacienda Pública española". Igualmente destacó que en la declaración del IRPF en el ejercicio 2013 dejaron de ingresar un total de 1,7 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pedía 3 años de prisión para ellos por estos hechos si bien el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal les ha absuelto tras la vista celebrada el pasado mes de julio.
"No existe prueba contundente"
Los magistrados de la Sección Cuarta dan la razón a la Fiscalía en cuanto a que se desconocieron todas esas cuantías hasta que las autoridades de Andorra informaron de las mismas a través de la comisión rogatoria cursada desde la Audiencia Nacional. Ahora bien, aunque la Sala admite que no se conoce el origen de los fondos con los que se nutrieron las cuentas entre los años 2009 y 2012, concluye que queda acreditado que no provienen de la matriz Pescanova ni de ninguna de sus filiales. Los magistrados constatan que Rosario Andrade obtuvo "cuantiosos ingresos" entre 1987 y 2007 por actividades relacionadas con la cría y reproducción de caballos. Por su parte, los hijos también se dedicaron a la doma de caballos y competiciones deportivas en las que ganaron grandes cuantías sin determinar.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Martel, explica también que no se les puede condenar por delito fiscal porque no se puede aplicar a su caso la reforma parcial de la Ley 7/2012 sobre modificación de la norma tributaria. Esto es así porque los hechos que se han investigado en esta causa penal son previos a la entrada en vigor de la modificación de esta normativa, el 31 de octubre de 2013. También decae el delito de blanqueo de capitales del que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción.
Los magistrados se basan en la abundante prueba documental recabada así como en los interrogatorios practicados a los tres acusados para concluir que la fortuna de 2,6 millones de euros amasada en Andorra no proviene de la comisión de un delito previo. De todas las testificales y periciales practicadas "se deduce que los fondos ingresados en Andorra no procedían de previas actividades delictivas, siendo coherente, lógica y verosímil la unánime versión de los acusados acerca de que dicho efectivo ingresado en las cuentas andorranas procedía del negocio ecuestre que desarrollaban". La resolución constata, por tanto, que "no existe prueba de cargo contundente y sin fisuras" contra la mujer e hijos de Fernández de Sousa.
Pendientes de la sentencia de Pescanova
La causa que ahora cierra la Audiencia Nacional la arrancó el magistrado De la Mata en el año 2013 como pieza separada del macroprocedimiento abierto por la quiebra de Pescanova. En la misma se personó la Abogacía General del Estado al considerarse damnificada por estos hecho en nombre y representación de la Agencia Tributaria. De hecho, los servicios jurídicos del Gobierno pedían cuatro años de cárcel para Andrade y tres para sus hijos. El instructor les impuso a los tres acusados fianzas que oscilaron entre los 4,7 millones en el caso de los Fernández Andrade y los 4,8 millones para la mujer del expresidente por la posible responsabilidad penal que pudieran tener en estos hechos.
Cabe destacar que la Audiencia Nacional todavía tiene pendiente de pronunciarse acerca de la sentencia por la quiebra de Pescanova. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que la misma está en proceso de redacción y se espera que se haga pública en los próximos meses. Con todo, se trató de un juicio que se prolongó desde diciembre del año pasado hasta antes del verano. En el banquillo se sentaron un total de 19 exresponsables de la mercantil; entre ellos José Manuel Fernández Sousa, su hijo Pablo y el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade, quienes se enfrentan a penas de 28, 13 y 12 años de cárcel, respectivamente. También fueron juzgadas otras 12 sociedades por más de una decena de delitos (entre ellos falseamiento de cuentas y fraude) que afrontaron una multa a la empresa matriz superior a los 348 millones de euros.
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