Los ayuntamientos se alían para buscar a los infractores de tráfico extranjeros

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está en busca de una empresa que gestione, notifique y cobre las multas de tráfico que se hayan puesto a extranjeros que residan fuera del territorio español. Para ello, ha abierto una licitación con un contrato de un valor estimado de nueve millones de euros, a la que las empresas podrán aplicar hasta el próximo cinco de septiembre. Sin embargo, esta no es la primera vez que las entidades locales se han unido para centralizar este proceso, sino que es frecuente que las administraciones locales hagan uso de la figura del Acuerdo Marco que sienta una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos las contrataciones para la prestación de un servicio que se basen en este acuerdo.

Esta vía supone un doble beneficio para las entidades de carácter local, ya que, por un lado, simplifica el proceso de contratación y por el otro, reporta un ahorro desde el punto de vista económico, al poder beneficiarse de la reducción de costes mediante adquisiciones a gran escala. De hecho, tampoco constituye el primer Acuerdo Marco para la tramitación de este servicio que pone en marcha la FEMP, que lo estima “fundamental para la consecución de un ahorro efectivo del gasto público y una mayor eficiencia en el uso de los recursos” en la memoria justificativa de la licitación. El servicio de gestión de cobro de sanciones en el extranjero en materia de tráfico, tanto a titulares como a conductores, fue adjudicado por primera vez en 2012 a la empresa Nivi Gestiones, tras llevar a cabo un concurso público.

Después, en 2016, el servicio fue prorrogado otros dos años hasta que volvió a abrirse un nuevo periodo de licitación por el que se formalizó el Acuerdo Marco con la empresa italiana Nivi Credit a finales de 2018. Esta vez, el contrato tenía una vigencia de tres años con posibilidad de prórroga, que fue nuevamente aprobada y llega a su fin el próximo 23 de octubre de 2022, motivo por el que se ha abierto una nueva licitación. No obstante, este Acuerdo Marco no fuerza u obliga a los municipios a optar por esta empresa para tramitar este servicio, sino que la FEMP acuerda unas bases comunes y después, la contratación por parte de las entidades locales es voluntaria.

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Los municipios tienen recogida esta competencia en el artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sin embargo, según recoge la FEMP, el cobro de sanciones es una tarea con una “enorme complejidad” en su tramitación administrativa y requiere tener a disposición medios materiales y humanos que, en muchos casos, las entidades locales no poseen. Esta se multiplica en el caso de sancionados con residencia en el extranjero, lo que consideran que podría traducirse en una “inaplicación práctica y una indeseable ineficiencia de las normas de tráfico y seguridad vial”. Una preocupación que se agrava en el caso de los municipios con mayor afluencia de visitantes, como aquellos con gran interés turístico.

Es por ello que esta diferenciación ha sido tenida en cuenta a la hora de elaborar el Acuerdo Marco, que distribuye los municipios en cuatro lotes o grupos, en función del número de turistas extranjeros en la comunidad autónoma que los integra. De manera que, Andalucía, Ceuta, Melilla e Islas Canarias forman el primero, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón, el segundo; Madrid, Castilla La-Mancha, Extremadura y Castilla y León, el tercero y por último, Cataluña, Valencia, Murcia e Islas Baleares, el cuarto. Cada uno de ellos tiene un valor estimado de contrato que se adjudicará a un solo empresario, dos millones para los tres primeros grupos y tres millones para el cuarto. No obstante, el carácter voluntario de la contratación hace que este presupuesto no sea una garantía de ingresos para las entidades adjudicatarias.

Por el contrario, el Acuerdo Marco establece que serán las empresas las que recojan en su oferta el porcentaje máximo de retribución, sobre el total recaudado, que se entregue al licitador, es decir, a la entidad local; quien se encargará de abonar el IVA correspondiente. Aunque, la empresa a la que le sea adjudicada cada uno de los lotes, estará obligada a abonar una retribución fija durante el primer año de contrato a la Central de Contratación de la FEMP (órgano organizador del Acuerdo Marco), sin importar el número de contratos suscritos con las entidades locales. Un factor que sí determinará la cantidad variable que deben abonar a este mismo órgano, de un 4,5% del total facturado a través de los contratos basados en el Acuerdo Marco que firmen durante su periodo de vigencia.