La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido este jueves a los letrados de la Cámara la redacción de un informe sobre los fundamentos existentes para proceder a la suspensión o no de los cuatro diputados presos y aplaza la decisión a la nueva reunión de la Mesa prevista para mañana.
Fuentes próximas a la presidenta han confirmado que ésta es la decisión adoptada en la Mesa, por la que se decantaban representantes socialistas y de Unidas Podemos en este órgano. Una decisión que se produce después del rechazo del Supremo a pronunciarse sobre si hay que suspenderles y remitirse a la opción del Reglamento.
Batet ha precisado en una comparecencia ante los medios que su voluntad no es dilatar o aplazar una decisión como la que tiene que dirimirse, y por ello, ha avanzado que ésta se adoptará mañana. "Si el informe así lo permite, el objetivo es que la Mesa esté mañana en condiciones de tomar la decisión", ha asegurado la presidenta de la Cámara.
La solicitud del citado informe ha estado avalada por "la mayoría" de la Mesa, ha precisado Batet, quien ha aclarado que no ha habido "votación formal" al respecto, sino la manifestación de las distintas posiciones.
PP y Cs habían avanzado antes de la reunión de la Mesa que están en contra de un nuevo informe porque ya hay argumentos para decidir la suspensión de los diputados catalanes en prisión. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos tienen la mayoría de la Mesa.
La solicitud de un informe a los servicios jurídicos del Congreso obedece a la necesidad y a la exigencia que quiere preservar en cuanto al papel de la institución: "garantizar que las decisiones sean estrictamente conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica", ha destacado.
Se trata, ha añadido, de que la "suspensión o no" de los cuatro diputados de ERC y de JxCat tiene que ser una decisión "no discrecional" ni "en ningún caso política". Al respecto, según sus palabras, en la Mesa se han analizado los diferentes planteamientos que los grupos de la Mesa, PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos, han expuesto, especialmente los de los partidos de centroderecha, para los que la suspensión ha de decretarse ya.
Batet ha explicado que debe resolverse qué preceptos emplear cara a la suspensión o no, si el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el artículo 21.1.2, y también concretar cómo aplicarlos, puesto que podría darse únicamente votación entre los integrantes de la Mesa.
El Supremo no se pronuncia
Batet consultó al Alto Tribunal sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo de la LECrim, que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue la utilizada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament.
El PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa la suspensión automática de los cuatro diputados independentistas argumentando que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.
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