Los asistentes, convocados por la ANC, se concentran en las Torres Venecianas, cerca del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde a las 19.30 estaba previsto diera comienzo la cena inaugural.
Ha acusado al Gobierno de seguir "un guion que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas" y de "interpretar el poder ejecutivo a espaldas de la soberanía popular".
Moncloa amarra las cuentas con los independentistas tras elevar un 15% las pensiones no contributivas, extender un año el límite del 2% a los alquileres y pactar inversiones de 900 millones para Cataluña.
El expresidente de la Generalitat debe prometer o jurar la Constitución para este cargo, algo que no hizo tras ser elegido por ser prófugo de la justicia española, al igual que otros tres independentistas catalanes.
Los asistentes al acto, organizado por el CxRep, exhiben banderas independentistas y gritan consignas como 'Puigdemont presidente', '1-O ni olvido ni perdón' y 'Govern dimisión'.
Según la Guardia Urbana, han sido unas 150.000 las personas que han asistido a la manifestación, la cifra más baja de la última década, al margen de los dos años de pandemia, la organización lo cifra en 700.000.
Mientras tanto, JxCat y ERC han protagonizado un nuevo rifirrafe público, por el diálogo con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, en la víspera de la fiesta catalana del 11 de septiembre.
El objetivo principal de ambos presidentes es avanzar en el camino de la normalización institucional tras la crisis provocada por la escuchas a diferentes dirigentes independentistas mediante el sistema Pegasus.
El líder de los populares defiende un partido fuerte que ofrezca una alternativa basada en la política útil para sumar votos tras la crisis que ha vivido la región en los últimos años por la tensión independentista.
El presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso por la presión de sus socios en torno al caso de espionaje a líderes independentistas desvelado por un diario norteamericano hace unas semanas.
Los cinco magistrados de la Sala Tercera han cambiado en este tiempo. Dos de los tres jueces que votaron para rechazar los recursos -Segundo Ménendez y Ángeles Huet- han pasado a otras secciones.
La decisión cumple con la resolución parlamentaria de llevar a los tribunales los posibles 'pinchazos' a los móviles de más de 60 independentistas, iniciativa respaldada por PSC-Units, ERC, JxCat, CUP y comunes.
Su debilidad política y las constantes peleas con sus “socios” de investidura hacen que el panorama actual del presidente del Gobierno no sean nada halagüeños pese a que marque las distancias con el PP.
Cuca Gamarra (PP) señala que con la destitución ha quedado claro que en España "gobiernan los independentistas" y ha defendido a Esteban, que asegura tiene una hoja de servicios intachable.
El presidente de la Generalitat asegura que la autorización judicial para acceder a los móviles de los líderes independentistas "aumenta la gravedad" de los hechos y por ello pide "una respuesta al más alto nivel".
El 'pinchazo' a sus dispositivos electrónicos coincide con un viaje que realizó a la isla lusa de Madeira en las mismas fechas en las que se negociaban los indultos a independentistas catalanes.
El partido ha registrado una moción en el Congreso en la que insta al Gobierno a cumplir una resolución del Consejo de Europa que ampara el independentismo en el ejercicio de la libertad de expresión.
Sánchez cede ante Feijóo y el Gobierno acepta tramitar el decreto económico como proyecto de ley para introducir enmiendas. El PP exige bajar impuestos. ERC vota no por el espionaje y Bildu sigue negociando.
El pleno ha comenzado con la lectura de la declaración de la Junta de Portavoces, que condena el presunto "espionaje político" y reclama al Estado medidas para erradicarlo.
El exlíder regional anuncia su intención de finalizar el proceso independentista en Cataluña y lo hará tras desvincularse de JxCat, ERC y la CUP, a los que critica su incapacidad para consensuar una estrategia.
Los miembros de la Comisión sobre Injerencias piden a los Veintisiete aumentar la conciencia sobre este fenómeno a través de campañas de información públicas, además de dotarse de nuevas sanciones.
La propuesta no sólo contó con los votos del PP y Vox sino que también sumó a Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias e incluso a los diputados de Más País-Equo, que sí ha apoyado los Presupuestos Generales.
Ya cuenta con 182 votos confirmados: PSOE (120), UP (34), ERC (13) EH Bildu (5), PdeCat (4), Más País-Equo (2), Compromís (1), y Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) y el Partido Regionalista Cántabro (1).
La formación independentista ha pactado con el Gobierno enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente y avanza para la aprobación de las cuentas públicas.
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