Triunfo de José Antonio Béjar en su enfrentamiento contra BBVA por el caso Villarejo. La Audiencia Nacional ha corregido el criterio del magistrado y le ha ordenado que requiera todos los correos corporativos y agendas del exdirectivo de la entidad. El expresidente de Distrito Castellana Norte lleva meses reivindicando que el banco para el que trabajó le devuelva todo este material en aras a defenderse de las acusaciones acerca de que él fue el nexo entre la entidad y el comisario jubilado. Ahora la Audiencia da luz verde a su petición para recuperar todo el material que podría destapar nuevas pistas acerca de la contratación de estos trabajos de espionaje.
La Sala de lo Penal da de este modo la razón al exjefe de Riesgos el cual, desde que fuera imputado en esta pieza novena del caso Tándem ha mantenido fuertes discrepancias con la defensa legal del banco. De hecho, su abogado se enfrentó a los peritos del forensic encargado para depurar responsabilidades por la contratación del agente encubierto. Las conclusiones de esta investigación interna apuntaron directamente al exdirectivo por ser uno de los departamentos desde donde se autorizaron los pagos al Grupo Cenyt así como por sus correos con miembros de este entramado empresarial. Sin embargo, Béjar, que ha declarado al menos cuatro veces en la causa, insiste en que cumplió órdenes del entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano, y que éstas venían, a su vez, de la excúpula.
De acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso La Información, existe en este caso un "complejo equilibrio de garantías" teniendo en cuenta que la entidad que preside Carlos Torres también está imputada en esta pieza. De hecho, el magistrado Manuel García Castellón le dio la razón y evitó que tuviera que entregar correos de Béjar al considerar que podría vulnerar su defensa y para evitar una autoincriminación. No obstante, la Sala de lo Penal zanja el asunto recordando que estos documentos incriminan al empresario y, por tanto, tiene derecho a recuperarlos para defenderse en el procedimiento. También incluye los correos que se intercambió mientras fue presidente de Distrito Castellana Norte hasta su cese en julio de 2019. Su posterior despido del banco acabó en los tribunales pero llegaron a un acuerdo minutos antes de que se celebrara la vista.
Enfrentado con el banco
Aunque este asunto quedó resuelto, las partes siguen enfrentadas en plena investigación penal para esclarecer quien ordenó contratar al comisario durante trece años seguidos. Este asunto se abordó en el forensic y provocó un fuerte cruce de reproches entre la firma PwC y el exdirectivo, el cual pidió declarar para defenderse de estas inculpaciones. En su última cita judicial, en noviembre, Béjar expuso que recibió órdenes de que se iba a trabajar con la firma de Villarejo y que las cumplió. Reconoció los pagos y dijo que no había ninguna ilegalidad al respecto. Sin embargo, el forensic apunta en la dirección opuesta. La auditora le atribuyó un pago de 1,2 millones y una "interlocución directa" con Rafael Redondo, socio de Villarejo en aras a cerrar el tema de la facturas y los contratos.
Con todo, no fue el único que se puso en pie de guerra con el forensic de la entidad. Algunas víctimas del comisario, que figuran en la causa como perjudicadas de sus espionajes, denunciaron que se omitieron datos clave relativos a sus proyectos. Tal es el caso de Luis del Rivero (expresidente de Sacyr); José Domingo de Ampuero (exvicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (exdirector general adjunto del banco). Todos ellos habrían sido objeto de seguimientos ilegales en el marco del proyecto Trampa. El mismo se centró en intentar frenar el intento de asalto de Sacyr al banco bajo la presidencia de FG. Todos ellos han pedido por primera vez declarar por este asunto.
Nuevas imputaciones
Luis Pineda también arremetió contra el forensic. Su defensa pidió además recientemente que citara en calidad de imputados a más agentes policiales que estarían implicados en la redacción de una denuncia falsa en su contra. El presidente de Ausbanc sostiene que la entonces cúpula del banco ordenó a Villarejo redactar una denuncia que presentó la UDEF en la Audiencia Nacional que dio pie a su detención en el marco de la causa abierta contra esta asociación y Manos Limpias y que ahora se juzga en este órgano. Pineda acusa a Francisco González de pergeñar esta maniobra en el marco de su enemistad por la guerra abierta con las cláusulas suelo. Sobre esta petición ha resuelto el banco en un escrito recogido por este diario en el que acusa al abogado de querer "instrumentalizar" la causa y ponerla "a su servicio".
"La constatación de que las peticiones del Sr. Pineda atienden a fines ajenos a la presente instrucción debería ser suficiente motivo para que este Juzgado las desestimase de plano", responde ahora la defensa de la entidad. Sin embargo, los investigadores siguen adelante con las pesquisas y acaban de acordar nuevas imputaciones. El magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha imputado a cuatro mandos policiales por delitos de revelación de secretos y cohecho. Les acusa de haber consultado bases de datos policiales de manera ilegal para dar traslado del resultado al entorno del comisario jubilado, el cual se sirvió de estos medios para desarrollar con éxito sus encargos de espionaje privados.
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