Antonio Béjar dijo que desmontaría ante el juez las "irregularidades" del forensic del BBVA y así lo ha hecho. El que fuera directivo de Riesgos de la entidad y presidente de Distrito Castellana Norte ha comparecido ante el juez del caso Villarejo para defender su labor dentro del banco y la autorización de facturas que se giraron al entramado empresarial del comisario jubilado. Al respecto, y según fuentes presentes en la cita judicial consultadas por este diario, ha negado cualquier ilegalidad en su actuación aunque ha corregido aspectos clave de la investigación interna del banco.
En su declaración, que se ha alargado cerca de cuatro horas y ha coincidido el mismo día que se conocía la cancelación del plan de fusión de BBVA con el Sabadell, ha asegurado que se trabajó con Cenyt y sus derivadas (V&V Development) porque así se lo encargó el entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Se trata de una versión que ya defendió en sus anteriores comparecencias en las que dijo que Francisco González les trasladó que se iba a trabajar con la firma que iba a contratar Corrochano. No obstante, como ya hiciera tras su imputación en esta pieza novena del caso Tándem, Béjar ha dicho que no se cometieron ilegalidades con el trabajo de Cenyt y que para él era una empresa con la que subcontratar servicios.
El exdirectivo de Riesgos, que fue despedido del banco el año pasado, pidió declarar para alertar de unas incorrecciones de la investigación interna que encargó la entidad a PwC y también solicitó acceder a todos los correos corporativos para confrontar la versión del banco. El magistrado, con el visto bueno de Anticorrupción, accedió a escucharle de nuevo en sede judicial pero descartó entregarle las comunicaciones después de que BBVA advirtiera que se podrían vulnerar los secretos del negocio. En esta nueva cita, la defensa de Béjar ha puesto sobre la mesa que existían incorrecciones en relación con una factura que se emitió a Cenyt el 14 de marzo de 2011 por importe de 1,2 millones de euros. Según ha explicado, ni el número de autorizante ni el centro de coste corresponden a él, pese a lo que recogido por el forensic.
Las fuentes consultadas explican que el entonces director de gabinete de presidencia y actual jefe de auditoría del banco, Joaquín Gortari, le trasladó que había que investigar al propietario de una finca de El Escorial en las que estaba interesado a título personal el entonces presidente de la entidad. La investigación interna ha revelado cómo existieron en aquella época varios encargos para indagar a propietarios de fincas en la capital o en Mallorca si bien, de acuerdo con la documental recabada por PwC, no consta ningún pago al entramado empresarial de Villarejo por este cometido concreto.
Contratos y reuniones con Villarejo
Las conclusiones preliminares del forensic apuntaron a Béjar y Corrochano por las contrataciones con Cenyt, las cuáles costaron al banco un total de 10,28 millones de euros. En concreto, PwC dictaminó que, tras el análisis de todas las evidencias encontradas, -que ahora analiza la Policía Judicial por orden del juez-, se concluye que existía una "interlocución directa" entre Béjar y "personas clave del entorno de Cenyt" constando también que se intercambiaron mensajes con contratos y facturas de los servicios prestados. Además, también apuntaron a reuniones de Béjar con ellos, si bien éste siempre ha defendido que fue la cúpula la que ordenó que se dejaba de trabajar con la agencia Kroll para empezar a encargar los trabajos a Cenyt.
De hecho, en su primera declaración en sede judicial explicó que el objetivo de contratar a Cenyt era localizar a clientes morosos del banco. Francisco González, por su parte, siempre se ha desligado por completo del comisario jubilado asegurando que no supo quien era hasta el arranque de esta investigación penal. Sí explicó en sede judicial que las instrucciones que se dieron desde presidencia eran la de que había que vigilar a algunos promotores por sus deudas. Tanto es así que algunos de los trabajos que llevó a cabo Villarejo entre los años que duró la relación comercial (2004-2015) se centraron en seguir de cerca a empresarios como Fernando Martín o Luis Portillo (proyecto Summer-Fish) por deudas millonarias.
Sin embargo, los investigadores imputaron a la excúpula de BBVA y al propio banco como persona jurídica al entender que las contrataciones no se ciñeron a informes de riesgo país o de inteligencia sino que se vulneraron los derechos de los 'espiados' en tanto se tuvieron acceso a sus comunicaciones y otros datos de carácter confidencial. Además, apuntan que los hechos serían constitutivos de delito de cohecho puesto que se llevaron a cabo cuando Villarejo era un funcionario en activo. Con todo, el banco que ahora preside Carlos Torres siempre ha defendido su sistema de compliance y se ha amparado en la investigación de PwC aunque las declaraciones de sus responsables en sede judicial han terminado por volverse en su contra al explicar que algunos de los 'hits' encontrados durante su trabajo quedaron al margen del material entregado al juzgado por orden de su defensa legal.
Los correos con Redondo
Igualmente Béjar también se ha pronunciado sobre unos correos que se intercambió con Rafael Redondo, el socio de Villarejo en Cenyt, y que constan en el forensic de PwC. Algunos de ellos hacen referencias a facturas y métodos de pago y otros a felicitaciones navideñas e incluso a reuniones mantenidas en la propia sede de la entidad. De hecho, los correos que obran en el sumario de la causa demuestran que Redondo tuvo plaza fija en el parking de la entidad al menos dos meses de 2016 aunque las reuniones 'in situ' se remontan a 2011. En concreto, destaca uno relativo al 10 de febrero de 2011 para actualizar la agenda de una reunión organizada con Redondo para el 2 de marzo a la que también asistiría José Manuel García Crespo, entonces director de los Servicios Jurídicos de España y Portugal, y también imputado en esta pieza del caso Tándem.
Béjar no es el único que ha mostrado su rechazo al forensic. También lo hizo la sucesora de Julio Corrochano al frente del departamento de Seguridad, Inés Ochagavia. En un escrito remitido al juzgado pidió pronunciarse sobre estos hechos en la que sería su primera declaración puesto que prefirió no hacerlo tras su imputación. Ochagavia también se desligó de las facturas giradas a Cenyt asegurando que las mismas venían autorizadas por la plataforma de gestión interna de BBVA, lo cual implicaba que se trataban de cargos logísticos y no financieros. Ochagavia también denunció que "lo más grave" del forensic era que, a consecuencia de lo recogido, se incoaron expedientes disciplinarios contra ella y otros directivos, aunque algunos de ellos terminaron archivándose.
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