Las víctimas de los espionajes de José Manuel Villarejo mueven ficha en la Audiencia Nacional. Cerca de dos años después de que arrancara la investigación al banco por sus contrataciones al comisario jubilado, tres de los afectados más destacados por este asunto piden paso ante el juez. Luis del Rivero (expresidente de Sacyr); José Domingo de Ampuero (exvicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (exdirector general adjunto del banco) quieren romper su silencio y declarar por primera vez en calidad de perjudicados sobre uno de los proyectos más ambiciosos que gestionó Cenyt y que tenía como objetivo frenar el intento de OPA de Sacyr que terminaría con la presidencia de Francisco González.
El proyecto, que se bautizó como Trampa y dio lugar a la apertura de esta pieza separada del caso Tándem, fue de los primeros que gestionó el agente encubierto para la entidad que ahora preside Carlos Torres. En su empeño por evitar el asalto de la constructora -a la que se refería como Grupo Hostil- vigiló de cerca no solo a los protagonistas más directos de esta historia sino también a banqueros, empresarios y hasta ministros que estarían al tanto de este movimiento. Durante dos años de instrucción, los perjudicados han seguido de cerca el avance del caso poniendo especial atención en el 'forensic' que realizó BBVA para esclarecer de donde salieron las órdenes de contratar con Villarejo mientras éste estaba en activo en la Policía Nacional.
Tanto es así que la defensa de los tres personados en la causa actuó duramente contra el perito de PwC que presentó el resultado de su trabajo en la Audiencia Nacional. Sus confesiones acerca de que se le ordenó excluir temporalmente los hallazgos sobre el Grupo Hostil les llevó a pedir los más de 400.000 'hits' o evidencias encontradas en el banco sobre la operación Trampa con el objetivo de hacer un contraperitaje. El magistrado acabó accediendo a parte de este reclamo -al que se sumaron otros perjudicados- y recabó de BBVA el bruto de su investigación interna para ponerla en manos de la Policía Judicial. De este modo, Asuntos Internos trabaja ahora en el análisis de los más de 2,5 millones de hits para averiguar si se dejaron de analizar datos relevantes con los que trabajó la auditora.
"Al margen de la Ley"
En su escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información, los tres perjudicados recuerdan que desde que les reconocieran esta condición no han sido escuchados en sede judicial y advierten que las conductas que se han ido conociendo en estos años de investigación hacen necesario que expresen su punto de vista sobre un encargo que, según dicen, sobrepasó los límites legales. ". Las acciones realizadas y descritas en el documento no están amparadas por la Ley y tienen, en este momento procesal, apariencia delictiva, especialmente las relativas a infiltraciones, penetraciones, tiempos de vigilancia, control de comunicaciones y acciones de colapso", reza el escrito.
El encargo que hizo BBVA tenía como objetivo "que se contactara con los accionistas de Sacyr contrarios a la operación para poder convencerles de actuar a favor de Francisco González. Sin embargo, Villarejo dio un paso más y consideró "crucial" emplear "toda la energía posible en buscar elementos de presión contra los diferentes miembros del Grupo Hostil". Así lo explicó en un informe que entregó a su cliente en 2005, un año después de formalizar el acuerdo, y que enumera las acciones impulsadas desde Cenyt. De esta forma, y siempre según el documento, en poco más de dos meses interceptaron 16.487 llamadas de los teléfonos del exministro de Industria Miguel Sebastián; del exjefe del servicio de Estudios del Santander Carlos Rupérez; el empresario Juan Abelló o el banquero Emilio Botín.
Solo de Miguel Sebastián hubo un total de 14 intentos de interceptación de su móvil que provocaron la avería de dos de los equipos de Villarejo. "Incrementó su miedo ya que el CNI le avisó del ataque y muy disgustado se lo comentó al presidente del Gobierno", reza el informe, en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el comisario ya jubilado dijo que tuvo 89 encuentros con medios para 'vender' noticias negativas de los protagonistas del espionaje y que también intentaron infiltrarse en el servicio de escoltas de alguno de ellos, como Del Rivero. En relación a Ampuero plasmó que tuvo dos encuentros con él avisándole de que su imputación en la causa que dirigió Baltasar Garzón por las supuestas cuentas ocultas del banco "no era una coincidencia". Villarejo también alardeó del tiempo que dedicó a este trabajo. Según dijo, empleó más de 16.300 horas en seguir a los objetivos a restaurantes y lugares varios que frecuentaban y realizó 24 viajes nacionales.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que el magistrado ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la petición de los tres afectados para que emita informe sobre el asunto. De responder afirmativamente, su declaración se produciría después de la última visita a la Audiencia Nacional del exdirector de Riesgos del banco, José Antonio Béjar. El también expresidente de Distrito Castellana Norte es el imputado que más veces ha declarado en la causa en el marco de su intención de colaborar con la Justicia. La entidad, que le atribuye los pagos al entramado de Villarejo en los 13 años que duró la relación laboral, defiende su sistema de cumplimiento normativo y niega irregularidades sobre este asunto. No obstante, Béjar insiste en apuntar a la excúpula de la entidad como la responsable de que se contrataran los servicios de Cenyt por importe total de 10,28 millones.
En su declaración de finales de noviembre incluso arremetió duramente contra el forensic, el cual detectó correos suyos intercambiados con Rafael Redondo, socio de Villarejo. Precisamente, su defensa ha pedido sin éxito poder acceder a todos los correos corporativos de BBVA para defenderse, aunque el magistrado ha declinado la petición. De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dejado claro que analizarán todo el material que ha remitido BBVA pero se ceñirán exclusivamente a la parte del forensic en aras a proteger los secretos de empresa del banco y que pueden afectar a terceros. En ese contexto rectificó la orden inicial de recabar el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde el año 2004 después de que así lo solicitara Francisco González, quien alertó del riesgo que implicaba desvelar la identidad de sus escoltas durante los años en que ostentó la presidencia de la entidad.
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