Nuevo giro en la investigación que sigue la Audiencia Nacional por el caso Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha imputado a cuatro mandos de la Policía Nacional -entre ellos un inspector y dos oficiales- por consultar sin autorización judicial datos policiales de varios ciudadanos búlgaros. Los investigadores sospechan que este acceso a las bases de datos se produjo a petición del comisario jubilado en el marco de sus trabajos para BBVA. Uno de los ciudadanos consultados, E.I Petrov, habría sido sido compañero de celda de Luis Pineda y estaba en el foco de la entidad con el fin de vincular al presidente de Ausbanc con "delincuentes peligrosos".
De este modo el instructor da un nuevo impulso a la pieza novena de la causa e implica en la misma a estos cuatro mandos policiales por los delitos de revelación de secretos y cohecho. De acuerdo con su auto, al que ha tenido acceso La Información, se trata de una diligencia solicitada por Anticorrupción tras constatar que entre los días 1 y 28 de noviembre de 2016 los agentes -destinados entonces en la Comisaría General de Información- buscaron datos confidenciales en diferentes ficheros internos de una serie de ciudadanos de origen búlgaro. Las fechas coinciden con el tiempo en que Pineda estuvo en prisión provisional en la cárcel de Estremera.
En aquel entonces, el también abogado coincidió con un ciudadano de origen búlgaro y, según ha denunciado en numerosas ocasiones, desde la cúpula de la entidad investigaron a Petrov para vincularle a él y advertir de su cercanía con clanes mafiosos. Al respecto, el magistrado explica que se ha podido constatar el acceso ilegal a bases de datos restringidas en parte gracias al material incautado al comisario tras su detención en noviembre de 2017. Así lo recogió la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en un informe de 2019 en el que se hicieron eco de la carpeta que el comisario guardaba con el nombre de 'Búlgaros'. La misma reflejaba que se habían efectuado consultas desde el fichero de Adexttra acerca un total de ocho personas extranjeras. Esta aplicación permite consultar datos de filiación, domicilios, pasaportes o tarjetas de viaje, entre otro tipo de información.
Empresarios espiados
El auto explica que las imputaciones a estos cargos de la Policía se producen en tanto se ha podido acreditar que la información que atesoraba Villarejo salió de esas bases de datos. De hecho, la Policía Judicial ha constatado que las consultas se efectuaron con las claves de los mandos imputados, entre los que se encuentran un inspector, un subinspector y dos oficiales. Con todo, también les atribuyen la obtención de datos de otros dos ciudadanos de Europa del Este en 2015 y que Villarejo guardó en la carpeta 'Neigbour'. Igualmente se han detectado consultas de varios ciudadanos españoles, entre los que se encuentran José Antonio Bartolomé Nicolás, propietario de la sociedad Olaf y Rubí.
En su auto, el magistrado recuerda que desde que se abriera esta pieza separada en noviembre de 2018 los investigadores también han identificado a otros funcionarios policiales por sus búsquedas sin autorización judicial de datos confidenciales para trasladárselos a Villarejo. De hecho, explica que los trabajos que encargó BBVA -y por los que pagó un total de 10,28 millones de euros- implicaron una "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" teniendo en cuenta que el comisario jubilado habría espiado comunicaciones privadas y accedido a datos bancarios de sus 'víctimas' en el marco de los trabajos que gestionó desde el Grupo Cenyt. Por todo ello, el magistrado concluye que la diligencia solicitada por Anticorrupción se reputa "útil, necesaria y pertinente".
La tesis de Pineda
El presidente de Ausbanc, que figura como perjudicado por las gestiones del comisario jubilado, ha dirigido varios escritos al juzgado para pedir que se investigue este capítulo concreto de los trabajos de Cenyt. Según mantiene, el BBVA estaría detrás de la denuncia anónima que presentó la UDEF en la Audiencia Nacional por las prácticas de Pineda desde Ausbanc. Según sostiene, el comisario redactó la denuncia que dio origen a la investigación penal contra esta asociación y Manos Limpias y que conllevó su ingreso en prisión provisional desde 2016 a 2019. Fue en ese intervalo de tiempo cuando se habría producido el espionaje a su compañero de celda en la cárcel de Estremera, un ciudadano de origen búlgaro que cumplía condena por un asunto de drogas.
Según informó El Confidencial, el entonces presidente de BBVA, Francisco González, temió que Pineda aprovechara sus vínculos con Petrov para vengarse y por ese motivo, desde el departamento de Seguridad de la entidad se pidió a Villarejo que averiguara todos los datos posibles de esta persona. Gracias a la información que le habrían suministrado los ahora imputados, el espía logró crear un perfil suyo y dio traslado del mismo a Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad de BBVA y señalado como nexo entre el banco y Cenyt. Cabe destacar previo a este trabajo, Villarejo espió a Pineda y a otros miembros de su familia en el marco del proyecto Pin, tal y como adelantó este diario. La documentación incautada en el domicilio del policía permitió constatar que el trabajo implicó seguimientos y el control de llamadas para "destruir su reputación y la de Ausbanc" y "servirse de la UDEF para presentar una denuncia anónima que diera lugar a su detención".
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