Madrid, 1 dic.- El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha ingresado en la cárcel madrileña de Aranjuez para cumplir una condena de cuatro años por fraude fiscal.
Fabra, que fue presidente de la Diputación de Castellón durante dieciséis años, y del PP castellonense durante veintidós, nació en esta localidad el 2 de agosto de 1945.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, en 1971 comenzó a trabajar en el bufete familiar y cuatro años más tarde fue nombrado secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón.
Se inició en política en 1977, cuando entró a militar en UCD. Heredero de una saga de políticos castellonenses, fue sin embargo en el PP donde fraguó su carrera, y donde ocupó diversos cargos menores hasta que en julio de 1990 fue elegido presidente provincial.
"Peso pesado" del PP, fue asimismo concejal del Ayuntamiento castellonense entre 1987 y 2011, y presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011.
Los últimos años estuvieron marcados por las diferentes causas judiciales en las que fue investigado, y que a la larga le pasarían factura política.
El 14 de julio de 2012, dejó la presidencia provincial del PP de Castellón y le sustituyó en el cargo Javier Moliner, quien también le había relevado en la Diputación un año antes.
El relevo se produjo después de que la oposición política pidiera reiteradamente su dimisión tras haber sido imputado por varios delitos.
Los hechos se remontaban a diciembre de 2003, fecha en la que el empresario Vicente Vilar vinculó a Fabra con la venta de productos fitosanitarios sin garantías e interpuso dos querellas contra él, que finalmente fueron desestimadas.
La investigación abierta dio lugar, sin embargo, a la apertura de una nueva causa por un delito contra la administración pública y a una denuncia de la Agencia Tributaria por supuestas irregularidades en la declaración de la renta.
En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer, no obstante, la causa contra Fabra y su exmujer, Amparo Fernández, por delitos fiscales al entender que habían prescrito.
Pero el 1 de diciembre de 2011, el Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales contra Fabra y su exesposa.
El 25 de noviembre de 2013, la Audiencia de Castellón le condenó a Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, y le absolvió de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La sentencia contemplaba además una indemnización de Fabra a la Hacienda Pública de 693.074 euros y una multa por la misma cuantía.
La condena por delitos fiscales se impuso también, aunque en su caso por solo dos años, a la exmujer de Fabra.
Fabra, que pasará a la historia por haber dotado a Castellón de un aeropuerto, inaugurado hace mas de dos años y aún sin tráfico aéreo, estuvo igualmente imputado por un posible delito de prevaricación en una causa abierta en relación con el cobro de las entradas de una corrida de toros, causa que fue sobreseída provisionalmente el 4 de julio de 2014.
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