El régimen interno que regula los procedimientos sancionadores de la CNMV por asuntos de abuso de mercado contempla un plazo de un mes desde la resolución de los expedientes para que el infractor pueda elevar un recurso en alzada ante el Ministerio de Economía si considera que la sanción no es justa o proporcionada. Eso, precisamente, fue lo que sugirió el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuando una exclusiva de La Información reveló el expediente sancionador contra él de la CNMV por haber utilizado información privilegiada en la gestión del paquete de acciones de su ex mujer, Carolina Mayeur, cuando era consejero de Abengoa y dentro de un periodo en el que el regulador había prohibido expresamente realizar operaciones a los consejeros.
[Actualización: La CNMV confirma la multa a Borrell por infracción muy grave con 30.000 euros]
Dado que la resolución sancionadora de la CNMV tiene fecha de 27 de septiembre, el ministro tiene hasta el próximo sábado 27 de octubre, según han confirmado fuentes del regulador, para resolver si presentar o no un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía pidiendo amparo por la presunta desproporción de la sanción recibida.
En un comunicado emitido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores tras la revelación de las actuaciones que se seguían contra él en la CNMV por parte de La Información, Borrell explicó que el objeto de controversia se centraba en la gestión de un paquete de acciones valorado en 9.050 euros con el que el ministro había operado en una fecha en la que, a juicio de la CNMV, no estaba autorizada la realización de operaciones de venta de acciones por parte de los miembros del consejo de administración de la compañía. Fuentes próximas al ministro revelaron más tarde que la sanción recibida por estas irregularidades fue de 30.000 euros.
El conducto reglamentario establecido por la CNMV exige que Borrell acuda al Ministerio de Economía para solicitar amparo ante la eventualidad de que el regulador se hubiera excedido en sus funciones, sobre todo si quiere evitar que la resolución se convierta en firme en la vía administrativa y pueda terminar en el BOE con el nombre del ministro asociado a una sanción de la CNMV. Pero esta vía no está libre de riesgo...
De un problema particular a una cuestión de Gobierno
Llevar la cuestión al Ministerio de Economía la convertiría de inmediato en un problema político de alto voltaje. El departamento que dirige Nadia Calviño se situaría ni más ni menos ante la tesitura de avalar la sanción de la CNMV a un ministro del Gobierno o cuestionar una decisión del regulador respecto a un asunto que es de su estricta competencia: la valoración de las situaciones que constituyen abusos de mercado.
La regulación del procedimiento sancionador no establece plazo alguno para que el Ministerio de Economía resuelva sobre el expediente y, además, se trata de un trámite con garantía de confidencialidad. Lógicamente, una vez con el asunto bajo los focos no cuesta imaginar la presión política, social y mediática que tendrían los funcionarios del Ministerio a la hora de resolver la cuestión. Fuentes del Gobierno consultadas por La Información admiten su preocupación por las consecuencias que se pudieran derivar de que el asunto acabara en el Ministerio, pero subrayan que la decisión de presentar o no un recurso es particular del ministro.
De momento, desde el Ministerio de Economía se recuerda que se trata de un trámite de naturaleza no pública y que por tanto no se puede confirmar si el ministro ha presentado, como sugirió, o no el recurso ante esa instancia.
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