La Comisión también pidió a las autoridades españolas que le entregue informaciones sobre el escándalo de corrupción en el seno de esta empresa pública, Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
En rueda de prensa, el portavoz comunitario Jakub Adamowicz indicó que "la autoridad española ya nos comunicó que potenciales pagos [de fondos europeos] fueron suspendidos con efecto inmediato".
"Vamos a informar a OLAF sobre este tema para que considere la posibilidad de iniciar una investigación", añadió Adamowicz.
La Comisión no quiso sin embargo hacer comentarios sobre la eventual implicación del actual comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, que se desempeñaba durante el periodo investigado por la justicia española como ministro de Argicultura, cartera de la que Acuamed depende en un 100%.
La radio española Cadena SER publicó este martes un correo electrónico en el que se vincula directamente al actual comisario.
"Se trata de una investigación judicial que está en curso a nivel nacional, la Comisión evita pronunciarse sobre procedimientos en curso", dijo en la misma rueda de prensa el portavoz Margaritis Schinas.
Acuamed se dedica a la construcción y explotación de obras hídricas principalmente en el este español, donde se encuentran las regiones más secas y es beneficiaria para diferentes proyectos de los fondos de desarrollo europeos.
La investigación arrancó en septiembre de 2014. A fines de abril de ese año Arias Cañete dejó el ministerio y asumió en julio como eurodiputado. En noviembre de 2014 se integró a la Comisión Europea como comisario.
La semana pasada la justicia española dictó prisión provisional a cinco personas investigadas por este caso, entre ellas dos altos mandos de la empresa.
Son sospechosos de haber abultado los pagos a las empresas adjudicatarias de contratos públicos, especialmente grandes grupos de construcción, que les habrían recompensado económicamente o con "regalos" como "implantes capilares o viajes a Turquía" según la instrucción.
El viernes, Federico Ramos de Armas, dimitió de su cargo como colaborador de la vicepresidente del gobierno español, Soraya Sánez de Santamarina, también por este mismo caso de corrupción.
El portavoz del PSOE en el Congreso español pidió este martes una comisión de investigación sobre este "escándalo que afecta al patrimonio de todos los ciudadanos".
El actual equilibrio de fuerzas en el Congreso, en donde el Partido Popular de Mariano Rajoy sólo tiene 123 diputados sobre 350, permitiría la constitución de una comisión, lo que era prácticamente imposible antes de las elecciones del 20 de diciembre.
pa/mb
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