C. Valenciana. Alarte promete “políticas de saneamiento” para una comunidad en situación “de alarma” por la gestión de camps

El secretario general de los socialistas valencianos y candidato a la Generalitat, Jorge Alarte, expuso hoy ante el Fórum Europa la necesidad de acometer “políticas de saneamiento” en una comunidad que está en situación “de alarma” financiera por la gestión del presidente, Francisco Camps.
En el acto informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, denunció que la gestión “de unos pocos” de los que siempre se habla ha afectado al desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana y no quiso hablar de determinadas “miserias” más que para reiterar su compromiso de “combatir, denunciar erradicar” cualquier forma de corrupción porque es “una anomalía democrática”.
Las cuentas de la comunidad están “tremendamente mal”, aseguró, hasta el punto de que “no podemos pagar ni los sellos”, y sin unas políticas de saneamiento como las que expuso la Generalitat no podrá pagar “ni lo ya comprometido”, es decir, entraría en situación “de alarma” financiera.
Negó que la corrupción no esté pasando factura al PP, porque los ciudadanos “perciben bien la realidad” y saben que el problema no es tanto la actitud particular de alguien que en un momento dado no tenga un comportamiento “ejemplar”, sino la reacción de los partidos y las instituciones.
CRÍTICAS DE RAJOY
En el caso del PP, el problema es que no hay un caso concreto, sino un comportamiento “extendido” ante el que Mariano Rajoy dice que “no se acuerda” cuando se le pregunta, lo cual “genera impunidad”.
Esa es la actitud de Rajoy mientras los dirigentes del PP valenciano han intentado “acallar al denunciante”, como han hecho con el portavoz socialista, Ángel Luna, finalmente absuelto de las acusaciones de la Generalitat.
Alarte aseguró que los socialistas valencianos no llevan a “ningún corrupto” en sus listas y al ser preguntado por algunos imputados incluidos en las candidaturas respondió que entre sus compañeros “el que más y el que menos andamos por la tercera querella” por la estrategia del PP de enturbiar la vida política.
La diferencia, sentenció, es que al final los socialistas resultan absueltos, como Luna, pero los del PP “siguen en el banquillo” y los ciudadanos empiezan a saber que en Valencia “las cosas son más duras que en el resto de España” por la actitud de Camps y su equipo.
Alarte expresó en todo caso su respeto a todas las resoluciones judiciales, también hacia el Supremo pese a llevar al banquillo al juez Baltasar Garzón y no a muchos de los imputados del PP, algo que, pese a ese respeto, cree que a los ciudadanos “les cuesta entender”.
Al PP no le afecta un caso concreto, reiteró, sino la extensión de un “modelo” de hacer política que ha llevado a que todas las instituciones valencianas gobernadas por ese partido “estén siendo investigadas”.
TRÁNSFUGA EN BENIDORM
Sobre la inclusión del tránsfuga Agustín Navarro en la lista socialista al Ayuntamiento de Benidorm, reconoció que ha sido una decisión “del PSOE, y por tanto también mía”, sobre la que no tiene “nada que decir”.
Convencido de que los ciudadanos calibrarán los comportamientos de unos y de otros, aseguró que el 22 de mayo “van a cambiar” las cosas en Valencia, porque su tarea, como la del candidato a la Alcaldía de la capital, Joan Calabuig, es complicada pero es “posible”.
En un territorio especialmente castigado por presuntos casos de corrupción, Alarte sentenció que la inversión “en honradez es siempre lo más rentable”, y alertó de que también la recuperación económica pasa por combatir esa lacra, porque lograrla depende “de la calidad democrática, de la determinación política de los gobernantes, y sobre todo de la capacidad de generar confianza”.
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
Para lograr esa recuperación en la Comunidad Valenciana, prometió un “estricto control del gasto público” con políticas de “saneamiento” que incluyan un análisis del coste y el beneficio de cada inversión pública, transparente y a disposición de los ciudadanos.
Su proyecto incluye también “el adiós a las obras faraónicas” que ni ahora ni antes sirvieron para generar riqueza ni empleo, salvo “para dar satisfacción a algunos políticos”, y que han hipotecado el futuro “en forma de deuda”.
En su exposición mencionó un único dato económico, los 3.573 millones de euros con “opacidad, contratos que se pagan pero no se explican”, que la Comunidad Valenciana gasta en 130 organismos públicos, de los que prometió eliminar un centenar para liberar esos recursos y destinarlos a “nuevas políticas”.
Una “ley de eficiencia”, aseguró, posibilitará el estricto control de los recursos para eliminar “sobrecostes” en todas las inversiones manteniendo su funcionalidad y su calidad, pero sobre la base de que “no hay ningún mérito en gastar dinero público”, lo cual requiere “un cambio de cultura” en su comunidad.
La responsabilidad de los gestores de lo público, argumentó, no es gastar, sino “sacar el máximo beneficio colectivo de cada euro que gestiona”, y prometió por ello “revisar la utilidad de cada uno de los euros gastados por la Generalitat”.
DEUDA
En cuatro años, garantizó, la Valenciana puede dejar de ser la comunidad con más deuda en relación a su PIB y situarse por debajo de la media de todas las comunidades autónomas, y el saneamiento tendría “resultados a corto plazo”.
Aunque no quiso prometer plazos, porque ya ha habido en la Generalitat “demasiadas mentiras y credibilidad perdida”, aseguró que el saneamiento permitiría, por ejemplo, poner “a cero” el contador de las facturas, pagar las que llevan tiempo esperando ser cobradas, y pagar las nuevas en un plazo máximo de sesenta días.
Esa inyección de liquidez a las empresas de la Comunidad Valenciana, aseguró, tiene tal urgencia que “debería empezar a cumplirse” tras las elecciones del 22 de mayo.
Su proyecto incluye “aprovechar” las infraestructuras para situar a la comunidad a la vanguardia de las potencias turísticas, y reforzar la educación y su vínculo con la innovación y las empresas, en un territorio donde el 40% de los alumnos no termina el ciclo obligatorio y uno de cada dos jóvenes está en paro.
FRACASO ESCOLAR
Abogó, de hecho, por otorgar a la lucha contra el fracaso escolar la misma entidad que al objetivo de superar la deuda hipotecaria. Se trata, sentenció, de garantizar a los valencianos “mejores colegios, institutos y universidades, mejores hospitales y centros de salud”, y asegurar también el cumplimiento de la ley de atención a la dependencia.
En definitiva, los socialistas valencianos están centrando su campaña en intentar que “la indignación” por la gestión de Camps se transforme “en un deseo imparable de construir una sociedad más digna, contando con todos y para todos”.
En ese proyecto Alarte incluyó el mantenimiento del trasvase del Tajo al Segura, que forma parte del modelo de gestión del agua definido por el PSOE en 2004 junto a la desalinización y la racionalización del consumo, y por ello los socialistas valencianos “lo vamos a defender ante quien sea”.