Nadia Calviño se enfrenta a la vuelta del verano a su primer gran reto al frente del Ministerio de Economía: la convalidación en el Congreso de la Ley Hipotecaria que fue aprobada durante la etapa de Luis de Guindos y que no ha conseguido poner de acuerdo, todavía, a los grupos parlamentarios. La ministra, además, tiene cierta urgencia para sacarla adelante, ya que nuestro país se enfrenta a la amenaza de un 'multón' si no sale adelante de manera inmediata. España tendría que pagar más de 100.000 euros al día por el retraso de una legislación comunitaria que es obligado incorporar a nuestra legislación.
Calviño ha dado máxima prioridad en sus planes a la aprobación de la Ley Hipotecaria que lleva desde hace más de medio año y cuya tramitación ha sido interrumpida por el desafío independentista de Cataluña, la aplicación del 155, el adiós de Guindos del ministerio y la moción de censura que echó al PP del Gobierno. Europa presiona y la ministra ya está teniendo encuentros personales con los portavoces de Economía de los diferentes grupos parlamentarios. En estas citas, que se celebran en su despacho del ministerio, Calviño está transmitiendo a la oposición que es de trascendental importancia sacar adelante la ley de la discordia.
Para salvar la multa de 100.000 euros diarios que podría imponer Bruselas a partir de octubre, en los planes de la ministra no se descarta trasponer tal cual la famosa 'Directiva sobre préstamos hipotecarios' y adaptarla a la legislación española. Con esta decisión Economía salvaría los vetos cruzados entre los diferentes grupos parlamentarios, cumpliría con la obligación que tiene contraída y dejaría para más adelante una reforma de la ley para introducir las diferentes enmiendas que se planteen.
La propia ministra declaró en una entrevista a El País que Economía había recibido unas 200 enmiendas a la Ley Hipotecaria y que su equipo estaba "analizándolas para lograr una negociación lo más fluida posible" y evitar "una decisión negativa por parte de la justicia europea”. La solución de la transposición en los mismos términos ahorraría la complicada negociación con los grupos en el Congreso.
España, al igual que el resto de países comunitarios, debería haber traspuesto la Directiva hipotecaria en marzo de 2016. Hay acumulados, por tanto, casi dos años y medio de retraso y la multa está al caer. Es una situación muy parecida al de la reforma de la estiba, en mayo de 2017, cuando el Gobierno de Rajoy sacó adelante un decreto ley de forma 'in extremis' bajo la amenaza de una multa de 134.000 euros diarios que, al final, no se ejecutó. los independentistas del PNV y el PDeCAT salieron en auxilio de un Ejecutivo que estuvo cerca de ser sancionado.
La trasposición de la directiva se complicó sobremanera porque en su camino eclosionó una litigiosidad inédita donde los jueces han tumbado numerosas cláusulas hipotecarias al considerar que su comercialización resultó deficiente y no se informó adecuadamente al cliente de los riesgos que asumía. El máximo exponente son las cláusulas suelo, a las que posteriormente se sumó otro alud de demandas por los costes de constitución del préstamos o las hipotecas en divisas. Bajo este escenario, el Gobierno de Rajoy decidió ir mucho más allá de la directiva para reforzar la protección del consumidor y poner fin a la litigiosidad instrumentando medidas que sublevaron a la banca y que no contentaron al resto de partidos, aunque defendió que había logrado un consenso político suficiente para sacar el texto adelante tras meses negociandolo.
El texto enviado al Congreso a finales de 2017 establecía, por ejemplo, la obligación de los notarios a informar gratuitamente al consumidor antes de firmar el préstamo, capacita al fedatario y al juez a cuestionar cláusulas o exige al banco que señale de forma clara y destacada aquellas condiciones contractuales complejas. La norma busca proporcionar además oxígeno a las familias en apuros sustituyendo la regla que permite al banco iniciar el embargo al tercer impago por una nueva fórmula donde será imposible activar dicho proceso hasta que acumulen una deuda equivalente al 5% del crédito recibido.
Pero el consenso se revela frágil al llegar a la Cámara Baja ante la avalancha de enmiendas formuladas con el denominador común en muchas de ellas de ir más allá en la protección del deudor. Algo que alarma a la banca, que alerta sobre el riesgo de romper el mercado si prosperan porque dificultará sobremanera su capacidad de recuperar la deuda. La concesión y el precio en las hipotecas se establecen en función precisamente de esa capacidad de recobrar el dinero prestado ejecutando la garantía. Si se alteran de forma abrupta las reglas, la industria augura que subirán los precios y se restringirá su concesión a los mejores clientes porque desaparecerá los alicientes para financiar como hasta ahora si notan indefensión en caso de impagos.
Algunos expertos vincularon la dificultad de alcanzar consensos con un tema de tanta sensibilidad social con el escenario político existente y la tentación de defender ‘medidas’ donde el partido dejase su sello. Y eso es lo que hereda Calviño. El texto se encuentra hoy pendiente de la elaboración de la ponencia para la votación de enmiendas en la Comisión de Economía. La idea de tramitar la directiva pura para agilizar el proceso y evitar el multazo de Bruselas podría soslayar esa disputa para contento de la banca. La reivindicación del sector financiero es precisamente aplicar la ley europea sin medidas españolas para preservar el mercado hipotecario y jugar con las mismas reglas que el resto de bancos vecinos.
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