Caso bárcenas. El psoe recurre el auto de ruz para que impute a acebes y cospedal

El PSOE ha presentado este martes un recurso contra el último auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre el caso de los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas para pedir que se impute a los dos secretarios generales del partido durante el periodo en el que se considera probada la existencia de una caja B: Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.
El PSOE, que está personado en la causa, considera que el juez ha dejado indiciariamente acreditado que el PP se financió "ilegalmente y de manera sistemática desde 1990 hasta al menos 2008, mediante una contabilidad paralela a la oficial".
"Estos fondos se utilizaron para, entre otras cosas, financiar gastos de campañas electorales o para pagar distintos servicios y gastos en beneficio del partido, como la reforma de Génova. Todo ello son decisiones trascendentes, que no parece pudieran ser ajenas a las personas con responsabilidad dentro de esa formación política, más allá de la responsabilidad meramente contable", argumenta el PSOE.
Atendiendo al carácter "sistemático" de este sistema de financiación que establece el auto, y a los gastos a los que se destinó la caja B, el PSOE sostiene que no es razonable que el ámbito de decisión respecto de su ingreso y uso se limitara a los sucesivos tesoreros o gerentes del PP.
Subraya, además, que el partido ostenta la condición de persona jurídica y, en consecuencia, al amparo del artículo 31 del Código Penal, son criminalmente responsables quienes actúen como "administradores de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro". En consecuencia, los administradores de derecho serían los secretarios generales durante esta etapa, Cospedal y Acebes.
Para el PSOE, "el auto echa en falta la existencia en nuestro ordenamiento de un delito de financiación ilegal tipificado como tal, que es lo que considera que ha hecho el PP durante todos esos años". Por ello, con el ordenamiento vigente, los delitos que se les podrían imputar son delito de falsedad documental y delito fiscal, tanto por el Impuesto de Sociedades como por el IVA, e incluso delito electoral.