Cataluña. El parlamento aprueba la ley de consultas

El Parlamento de Cataluña aprobó este viernes por 106 votos (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) frente a 28 (PP y Ciutadans) la Ley de Consultas no Refrendarias y Participación Ciudadana, el instrumento legal con el que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pretende convocar la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Lo hizo en un Pleno extraordinario con este único punto del día, que se inició a las 16.30 horas y al que asistió el propio Mas. Al concluir, los diputados de los grupos que votaron a favor permanecieron tres minutos en pie, aplaudiendo, y Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se dieron la mano. En la votación se rechazaron todas las enmiendas del PSC, del PP (que retiró la gran mayoría antes de votar), de ICV, de Ciutadans y de la CUP.
El debate lo inauguró como relator de la ponencia y cerró como portavoz de CiU Josep Rull. Aseguró que la ley no es sólo la ley para la consulta del 9 de noviembre, sino que también lo es para consultar a los ciudadanos sobre otros asuntos, y que dará margen suficiente a las instituciones para hacer partícipar a la ciudadanía en sus asuntos cotidianos.
Pero a la vez constató cierto “aire de trascendencia histórica”. Citó al primer ministro británico, David Cameron, por haber permitido la consulta y entrado al debate, contraponiéndolo a la suspensión de autonomía y reunión de los fiscales que baraja el Gobierno español.
Reivindicó que la adhesión a un Estado no puede limitarse a una condición legal y criticó que el Gobierno ya haya anunciado su recurso contra una ley que, aseguró, no pretende vulnerar la Constitución.
Recordó que el TC ya hizo oídos sordos a la voz de los catalanes por expresarse como sociedad diferenciada y por tanto como nación, una demanda que, dijo, cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. “Y por eso somos y seremos imparables”, concluyó.
ERC
Gemma Calvet, diputada de ERC, agradeció a la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural por haber movilizado a la sociedad civil catalana y al Consejo Asesor para la Transición Nacional por sus informes de rigor jurídico.
Aseguró que se trata de una ley histórica para Cataluña y para todo el Estado español, por dar solución a la plurinacionalidad que intentaron dar los ponentes constitucionales pero llevaron a término sólo en la medida que les permitió el consenso. Por tanto, calificó la ley de plenamente constitucional.
Luego, sin embargo contrapuso la ley a la imposibilidad de lograr un acuerdo con el Gobierno español, y aseguró que supone un reto para el Estado, porque aporta desde la máxima proximidad a los ciudadanos la solución al momento actual.
Acusó al Gobierno que esté negando la Constitución al negarse a escuchar la voluntad popular y, finalmente, asumió que el resultado de la consulta no será jurídicamente vinculante aunque sí tendrá consecuencias políticas que habrá que gestionar.
PSC
Ferrán Pedret (PSC) partió de la sensación de que estamos en el “fin del camino”, aunque no sabe si del proceso o de la legislatura,cosa que, dijo, el PSC ha intentado evitar con su “contribución leal y sincera” a desarrollar el artículo 5.22 del Estatuto de Autonomía con esta ley para que regule la participación ciudadana en aspectos de competencia de la Generalitat o los ayuntamientos.
Justificó el apoyo a la ley pero no a la consulta porque la primera no ha de ser el instrumento de la segunda, sino hacer como la análoga ley andaluza sobre atribuciones propias, “un buen instrumento para que la ciudadanía se pronuncie” sobre temas cotidianos. Y, añadió, si Mas convoca la consulta del 9-N en base a esta norma, “desconocerá” tanto el Estatut como la ley. Y denunció que la forma de conducir el proceso por el Gobierno catalán “impide la solución pacífica, política y pactada” del conflicto.
Pedret también criticó al PP por hacer de “tontos útiles” del independentismo, porque nadie ha hecho más por éste que los populares cuando han gobernado. A ellos les dijo que el PSC quiere un Parlamento que tome decisiones como el de Escocia, pues la consulta, aunque legal, es “la única opción razonable”, si bien sin la “retórica inflamada de épica y solemnidad” que caracteriza a ambas partes .
Mencionó a españoles que han buscado el cambio social y se hermanó con ellos, y terminó preguntándose por qué ese fin tenían que buscarlo los catalanes solos y no en unión federal con el resto de España.
PP
Desde el PP, Santi Rodríguez comenzó diciendo que son los cinco muertos por el brote de legionella en Sabadell los que merecerían un Pleno extraordinario, criticó que la ley pretenda decidir no por siete, sino por los 47 millones de españoles y propuso reconvertir la ley en un verdadero instrumento de participación ciudadana en competencias autonómicas y locales.
También se preguntó si la mayoría del Congreso de los Diputados no es tan democrática como la del Parlamento catalán, y si el Gobierno catalán es tan poco democrático como dice del español por negar a los ciudadanos la capacidad de pronunciarse sobre los impuestos o los recortes. Finalmente, recordó que sólo los miembros del Consell de Garantías Estatutarias nombrados por CiU y ERC habían avalado la constitucionalidad de la ley, frente a los del PP, PSC e ICV.
El diputado popular terminó subrayando que las leyes se cambian votando, no desobedeciendo y expresando un triple sí a Cataluña, España y Europa. Pidiendo la palabra al final del debate, rechazó la superioridad moral con la que los diputados nacionalistas se arrogaban la única condición de catalán y demócrata.
ICV
En nombre de ICV, Dolor Camach afirmó que el problema en discusión es de democracia, no de debate nacional ni relación de Cataluña y España, y lo enlazó con el malestar ciudadano que demanda un cambio del sistema y de las relaciones sociales. Defendió qeu permitirá la democracia directa y criticó que el PP y el PSC estén dispuestos a admitir consultas sobre atribuciones locales y autonómicas y no sobre el estatus político de Cataluña.
Aseguró que la ley debe hacer que entre aire fresco en las instituciones y sólo puso la pega de que los extranjeros sólo deben tener un año de exigencia de residencia para que puedan votar en igualdad de condiciones con los europeos. Finalmente, defendió preguntar a la gente qué opina para cambiar la relación con el Estado y recordó que la consulta no será vinculante sino que será el principio del diálogo, porlo que encaja como acta preparatoria.
CIUTADANS
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, definió la ley como la de un referéndum separatista, como ya lo hicieron, dijo, CiU y ERC en su acuerdo postelectoral, y se preguntó si el PSC es el único de España que no se ha dado cuenta de ello. Recordó que ya hay una ley de consultas ciudadanas, sólo que requiere la autorización del Estado, luego si se aprueba ésta otra es para salir de España.
Defendió que la ley han de cumplirla todos y que lo que está en juego son las libertades individuales y la solidaridad, y la construcción racional de los estados, frente a las identidades colectivas, los egosísmos y los fundamentalismos y populismos que siempre prosperan en las crisis. Propuso a los catalanes contribuir a la regeneración de España que la propia CiU ha degradado cuando gobernó con PP PSOE y advirtió de que el próximo gobierno catalán tendrá que tender puentes y cerrar heridas, en lugar de dividir en bandos.
CUP
Finalmente, desde la CUP, Quim Arrufat calificó la ley de un avance notorio para articular la participación ciudadana en un momento de crisis de legitimidad de las instituciones, pidió perdón a los catalanes residentes en otras partes de España por no haber podido incluirles en la norma, pues juridicamente para ser catalán hay que vivir en Cataluña.
Luego justificó la autodeterminación diciendo que los catalanes nunca serán mayoría en España para cambiar la Constitución y proclamó: “Sobre nosotros, decidiremos nosotros”. Dijo que nunca se perderán los vínculos con los españoles, pero añadió que los catalanes no eran menores de edad para tener que depender de las decisiones de otros. Y terminó con unas frases en inglés contraponiendo el caso español al caso británico.