Cataluña en el atolladero en su ruta a la secesión

Vencedores de las elecciones regionales de septiembre con 47,8% de los votos y mayoría absoluta en la cámara regional, los independentistas aprobaron una resolución anunciando el inicio de un proceso de secesión e insumisión a las instituciones del Estado español, empezando por el Tribunal Constitucional.

El gobierno central recurrió ante este tribunal y, paradójicamente, los independentistas enviaron sus juristas a defender la moción que finalmente fue declarada anticonstitucional este miércoles, ante un tribunal que no reconocen. También denunciaron ante la justicia española una decisión del ministerio de Hacienda para reforzar su control sobre las finanzas públicas de la región.

"No queremos estar ni en la alegalidad ni en la ilegalidad", decía el jueves el presidente saliente Artur Mas, comprometido a avanzar hacia la secesión pero con un ritmo más pausado.

"La resolución fue un error", reconoce a la AFP uno de los ideológos del plan de secesión. "Era muy rupturista, muy radical y no se podía sostener en el marco legal español".

"Incurren en constantes contradicciones entre lo que hacen y lo que dicen", señala a la AFP el politólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, Antón Losada.

"Desde fuera todo parece un poco absurdo. Es gente perfectamente racional, saben perfectamente que lo que hacen no lleva a ninguna parte pero se empeñan en prolongar la situación", afirma.

El texto de ruptura fue una concesión del principal grupo independentista, la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), para que el partido separatista de extrema izquierda CUP deje de oponerse a la reelección de Artur Mas como presidente regional.

Antiguamente nacionalista moderado y cercano al mundo empresarial, Mas necesita el apoyo de esta pequeña formación revolucionaria, euroescéptica y anticapitalista que le reprocha sus políticas de austeridad y los escándalos de corrupción en su partido.

Para ganarse su favor, se comprometió, sin éxito, a diluir el poder presidencial en varias vicepresidencias y someterse a una moción de confianza en diez meses. "Una oferta del tipo Black Friday", ironizó el líder socialista catalán, Miquel Iceta, opuesto a la secesión.

Las negociaciones se eternizan y no se desbloquearán hasta el 27 de diciembre, cuando la CUP someterá la decisión al voto de su militancia. Si no hay acuerdo el 9 de enero, esta región de 7,5 millones de habitantes celebrará en marzo sus cuartas elecciones regionales desde 2010.

"Es difícil entender por qué Mas aguanta tanto y no se decide a romper, por qué sigue aceptando la estrategia sádica de la CUP", apunta el analista político catalán Josep Ramoneda.

"Está perdido y ha arruinado el nacionalismo conservador. Además, rompe los vínculos con algo muy importante para él, el sector empresarial catalán", añade.

De hecho, los gritos de alerta del mundo económico se multiplicaron ante un escenario de incertidumbre jurídica y confrontación total con el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que se mantiene en cabeza de los sondeos para las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

El partido de Mas, CDC (liberal nacionalista), se presenta a estas elecciones con una lista liderada por quien hasta ahora era su mano derecha, su portavoz Francesc Homs, encargado de negociar un referéndum con el nuevo gobierno español.

"La cuestión de la independencia no está en el horizonte político de una manera real" pero "nadie quiere ser el primero en frenar todo el proceso", dice Ramoneda.

Tampoco los principales partidos españoles parecen dispuestos a aceptar un referéndum aunque el descontento de la sociedad catalana sigue ahí: según un sondeo del gobierno regional publicado el miércoles, un 46,6% de los encuestados estaba a favor de la independencia y un 48,2% en contra.

Para Losada, "estamos ante un caso de negación de la realidad. Los independentistas no asumen que no tienen una mayoría bastante amplia para poner en marcha este proceso y en el otro lado tampoco asumen la necesidad de una reforma territorial".

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