El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado 3% a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat, como personas jurídicas, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En un auto, el magistrado emplaza a ambos partidos a designar procurador y abogado y explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político.
Incluye también al PdeCat en la investigación porque le considera "mero continuador" de la trama, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundará este nuevo partido, lo que fue un simple "cambio de apariencia", según De la Mata. Ambos partidos, señala el auto, se financiaban en forma encubierta mediante "donaciones" a fundaciones ligadas a dicha formación (Catdem y Fórum Barcelona), en connivencia con empresarios y cargos políticos, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con esos donativos al partido.
Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las fundaciones y de ahí llegaban a CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios con "vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia" y, en otras, "simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos". El monto total de licitaciones comprometidas asciende "por el momento" a 218,7 millones euros, dice el juez, y el importe de las adjudicaciones definitivas a 168,7 millones, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1,7) y las prórrogas (4,5). Por otro lado, las "donaciones" irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros, afirma De la Mata.
Ninguna iniciativa para impedir los delitos en 11 años
La operativa investigada, según el juez, ha sido de carácter "sistémico" y ha permanecido inalterable con independencia de los relevos en el partido y menciona entre otros al expresidente de CDC Artur Mas, a su ex secretario general Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol; al excoordinador Josep Rull y al extesorero Andreu Viloca, ya imputado en esta causa como responsable de las finanzas de ese partido.
El juez afirma que, pese a ser conocedores de esta operativa de financiación ilícita, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años. El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención de sus cuentas que pudiera ser sometido a verificación e informe.
De hecho, el partido fue informado por el Tribunal de Cuentas de las irregularidades de la operativa con sus fundaciones, según destaca el juez, que recuerda que se advirtió por este órgano a CDC que su sistema de control sobre esas fundaciones "era insuficiente" para acreditar unos servicios de los que sospechó fueran "realmente prestados". A juicio de De la Mata, tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC eran conocedores de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa.
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