"Hay que conseguir que el PP ceda". Fuentes de Moncloa son contundentes con tensa negociación con el partido de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y este miércoles han dado un paso al frente. PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para que el órgano de Gobierno de lo jueces no pueda realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones.
Los partidos que componen el Gobierno plantean una modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial para introducir un nuevo artículo, 570 bis. En él proponen que "cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el Consejo General del Poder Judicial entre en funciones según lo previsto en el apartado 2 del artículo 570, la actividad del mismo se limitará a la realización de las determinadas atribuciones". El objetivo es limitar sus funciones en el momento en que caduque su mandato y no puedan realizarse, por ejemplo, nombramientos de jueces.
En el texto firmado por Adriana Lastra y Pablo Echenique, PSOE y Unidas Podemos argumentan que "es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento".
Los partidos que conforman el Gobierno hablan de una "laguna jurídica" cuando se produce el fin del mandato del CGPJ y argumentan que que "constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido". "Partiendo de que lo deseable será siempre que la renovación del CGPJ se produzca de manera inmediata a la finalización de su mandato, debe, no obstante, preverse un régimen jurídico completo y adecuado para cuando tal circunstancia no se dé", añaden.
Por todo ello plantean "la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones".
La Proposición de Ley plantea que el CGPJ en funciones asuma sólo "aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante son expresamente recogidas en el régimen jurídico del que la presente norma dota al Consejo en funciones". "Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento", concluyen.
La limitación de las funciones del CGPJ estando en funciones ya venía contemplada en la Proposición de Ley que PSOE y UP presentaron el pasado mes de octubre. Fue un trabajo coordinado para cambiar, asimismo, el sistema de elección del órgano y proceder a nombramientos por mayoría absoluta, en lugar de la cualificada para la que se necesita al PP. En esta ocasión esa mención queda fuera de la propuesta de reforma, según explican fuentes parlamentarias, para facilitar la negociación con los populares.
Hay que recordar que esa reforma de octubre ya provocó oposición en varios actores jurídicos, así como advertencias desde Europa. Las asociaciones de jueces mostraron su rechazo a la modificación de elección de vocales de su órgano de gobierno. Las críticas, a las que se unieron la mayoritaria Asociación de Fiscales, así como colegios de abogados y varios tribunales superiores de Justicia, fueron en aumento hasta llegar al punto de que algunas de ellas anunciaron que no participarían en más reuniones con Justicia hasta que se retirara la iniciativa parlamentaria.
A todo ello hay que añadir que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) lleva advirtiendo desde 2013 que el talón de Aquiles de la Justicia española es precisamente el sistema de elección de vocales del CGPJ debido a la falta de protagonismo de los jueces para elegir a sus homólogos. Esa semana el grupo, dependiente de Europa, volvía a advertir sobre la necesidad de modificar el reparto actual en la dirección contraria a la proposición de ley registrada la semana pasada en la cámara baja. Fuentes del Gobierno afirman que esa reforma para cambiar las mayorías está "congelada".
Los populares siguen repitiendo que sus condiciones para renovar el CGPJ son tres: retirar esa reforma de PSOE y Unidas Podemos "contra la independencia judicial", despolitizar la elección tanto de los jueces como de la Fiscalía y excluir al partido de Pablo Iglesias del proceso.
En este momento hay varios órganos judiciales bloqueados por la no renovación del CGPJ. Su presidente, Carlos Lesmes, aún no ha buscado sustituto a Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, tras su jubilación en octubre del pasado año, a la espera de que revirtiera la situación. El también presidente del TS se ha dirigido hasta en cuatro ocasiones por carta a las presidentas del Congreso y Senado para que impulsen las negociaciones encalladas.
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