Madrid, 27 feb.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con diez días de suspensión de funciones a tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por los presuntos retrasos en resolver un caso.
El retraso afecta a un caso judicial derivado de una compraventa realizada en 2002.
El órgano de Gobierno de los jueces ha calificado los hechos de "falta grave" lo que acarrea una sanción de diez días, ha explicado el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El CGPJ ha tomado esta decisión - por 17 votos a favor y 4 en contra- después de que la Comisión Disciplinaria, que trató el asunto el pasado día 13, trasladase este asunto al Pleno del Consejo que se ha inclinado por la propuesta del instructor, consistente en diez días de suspensión de funciones para los magistrados, frente a la petición de archivo por parte de la Fiscalía.
Los magistrados sancionados son Joaquín Sánchez Ugena, presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Juan Antonio Calle Peña y María Dolores Sánchez.
Los jueces son responsables de una falta grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales", han informado fuentes judiciales a Efe.
Los magistrados fueron denunciados por el retraso en un caso judicial derivado de una compraventa realizada en 2002, en el que dictaron tres sentencias absolutorias, sucesivamente anuladas por el Tribunal Supremo, y acabaron condenando "por imperativo de lo resuelto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
Tras la denuncia de una de las familias afectadas por el pleito, la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió un expediente administrativo contra los tres miembros del tribunal y nombró instructor del mismo al magistrado de la Sala Quinta del Supremo Fernando Pignatelli, que se desplazó en diciembre pasado a Sevilla y se entrevistó con los denunciantes y con el tribunal.
El pleito deriva de la venta en 2002 de una finca en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan y la presunta falsedad de un documento privado en el que se recogía que el precio real había sido de 2,7 millones de euros y no los 1,2 consignados en escritura.
Las tres sucesivas sentencias absolutorias dictadas por la Sección Primera de la Audiencia fueron anuladas por la Sala Segunda del Supremo, quien le reprochó su "opacidad", haber hecho una "apresurada y poco precisa valoración" de los hecho y haber dado como hecho probado algo que el propio tribunal consideraba dudoso.
Finalmente, en octubre de 2013 el tribunal sevillano condenó a seis meses de cárcel por falsedad en documento privado a un hijo del comprador de la finca pero le absolvió de estafa y hurto.
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