Chile apuesta por el abuenamiento con Perú a pesar del litigio fronterizo

Manuel Fuentes

Santiago de Chile, 24 ene.- Chile ha apostado por el abuenamiento en su relación con Perú a pesar de la controversia por la frontera marítima que llevó a este país a presentar hace seis años una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya cuyo desenlace se conocerá el próximo lunes.

Cuando en enero de 2008 el mandatario peruano Alan García anunció la presentación de la demanda, la entonces presidenta Michelle Bachelet lo consideró "un gesto inamistoso", pero su sucesor, Sebastián Piñera, ha preferido aplicar la política de "las cuerdas separadas".

Las actuales autoridades chilenas son conscientes de que hay sectores minoritarios que sostienen que haber mantenido las relaciones económicas, comerciales y fronterizas al margen de lo que estaba sucediendo en La Haya puede haber dañado los intereses del país.

Pero argumentan que la Corte Internacional de Justicia tiene que fallar de acuerdo al derecho internacional, y no a las circunstancias políticas.

Y recuerdan además que en otros casos en los que ha intervenido el alto tribunal de la ONU, especialmente contenciosos entre países europeos, los casos se han desarrollado sin que se hayan congelado las relaciones y esto haya influido en la opinión de los jueces.

Además, argumentan que el caso de la delimitación marítima no supone una amenaza para la paz mundial y no es un asunto que absorba de manera preferente la atención de una corte formada por 15 magistrados de muy diversa procedencia.

Llevado a su mínima expresión, el litigio puede resumirse en el hecho de que Chile sostiene que hay acuerdos de límites marítimos y Perú niega que existan.

En 2001, Perú pidió a Chile entablar negociaciones directas, pero Santiago se mantuvo en su posición de que había un tratado de límites y por lo tanto nada había que discutir.

El fallo que se conocerá el próximo lunes no afectará a la frontera terrestre, toda vez que ésta quedó establecida en el Tratado de 1929, que tiene como árbitro al Gobierno de Estados Unidos, de manera que la Corte no se puede inmiscuir.

Por esta circunstancia, cabe la posibilidad incluso de que el tribunal diga que no puede pronunciarse sobre el lugar en la costa que la demanda peruana considera como punto de referencia porque eso es competencia del árbitro del Tratado de 1929.

Asimismo, se considera que un eventual fallo favorable a Perú difícilmente daría alas a la demanda presentada por Bolivia contra Chile el pasado año en la que reclama recuperar la salida soberana al mar que perdió en la Guerra del Pacífico, librada a finales del siglo XIX.

Más bien al contrario. Para Bolivia resultaría más ventajoso un triunfo de Chile, porque si la sentencia fuera favorable a Perú, disminuirían las posibilidades del país altiplánico de obtener una salida soberana al océano.

Y tampoco provocaría un "efecto cascada" sobre otras delimitaciones marítimas que toman como referencia la línea del paralelo.

En el caso de la frontera marítima entre Perú y Ecuador, cuando comenzó este caso, Quito le exigió a Lima que reconociera los límites existentes de acuerdo al paralelo de los tratados de 1952 y 1954. Finalmente Perú accedió y evitó así que Ecuador se hiciera parte en el juicio de La Haya.

En cuanto a la demarcación entre Ecuador y Colombia, que también se basa en el paralelo, se trata de un acuerdo mucho más concreto, firmado entre ambos países en la década de los ochenta.

Lo más favorable para Chile sería el mantenimiento del "status quo", pero lo que hace pensar a algunos que la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene pensada otra solución es que dado que la controversia es muy específica (si existen o no tratados de límites), habrían bastado seis meses para zanjar el asunto.

Pero la demora del alto tribunal (lleva más de un año deliberando) hace pensar en una solución imaginativa o en que hay discrepancias entre los magistrados, lo que obstaculizaría una sentencia unánime y se traduciría en un fallo con votos de minoría.

Antes de que se conozca la decisión judicial, algunos legisladores ya han pedido que Chile abandone el Pacto de Bogotá, que reconoce la validez de los fallos de la CIJ, para evitar eventuales nuevas demandas territoriales por parte de Perú.

Los que defienden esta postura argumentan que con Argentina hay un mecanismo especial de solución de controversias, con Perú ya existe un juicio y con Bolivia hay otra demanda "ad portas", de modo que el Pacto de Bogotá solamente serviría para acoger nuevas denuncias.

Este planteamiento puede rebrotar dentro de unos meses, una vez que hayas asumido el nuevo Gobierno de Michelle Bachelet y un Parlamento que tendrá una nueva relación de fuerzas.

El periodo de ejecución de la sentencia es uno de los aspectos más delicados del proceso, porque según sea el fallo, probablemente haya que hacer modificaciones legales en ambos países y eso significa someterlo a la votación de los respectivos Parlamentos.

En todo caso, el pensamiento mayoritario en Chile es que, con independencia de cuál sea finalmente el límite marítimo, no habrá gestos ofensivos por ninguna de las partes y las aguas se asentarán en un plazo relativamente corto.