"¿El Banco Popular le sugirió la compra de acciones en la ampliación de capital del año 2016?". Esta fue la pregunta principal que la Policía Nacional realizó a más de 1.400 testigos con el objetivo de recabar pruebas que esclarezcan si el Banco Popular financió a clientes para que participaran en la ampliación de capital que se llevó a cabo en mayo de 2016 por más de 2.500 millones de euros y cuál fue el 'modus operandi'. La mayoría de las respuestas fue un 'sí', pero añaden una consecuencia: la entidad condicionó la compra de acciones "a la contratación de otro préstamo distinto" o al "mantenimiento de las líneas de créditos" ya suscritas.
Este tipo de respuesta es común en muchas de las miles de actas de declaraciones que la Policía Judicial ha entregado al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el marco de una pieza separada del conocido 'caso Popular', que durante poco más de un mes ha estado bajo secreto de sumario, según han informado a La Información fuentes jurídicas cercanas a esta investigación. El magistrado titular de dicho órgano judicial, José Luis Calama, comunicó a las partes el pasado mes de marzo que formaba una nueva pieza separada -línea de investigación- secreta para indagar sobre el modo en el que el Banco Popular realizó la emisión de acciones, justo un año antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) acordara la resolución de la entidad.
No fue hasta a finales de abril -cuando se alzó el secreto- cuando investigados y acusaciones conocieron qué diligencias se habían practicado a 'puerta cerrada' con el fin de evitar "interferencias que afectaran negativamente al buen fin" de las mismas. Se trataba de los interrogatorios que la Policía Judicial había realizado a 1.417 clientes que recibieron un crédito para su acceso a la ampliación de capital. Una muestra repartida en "todas las provincias, más Ceuta y Melilla" que los peritos judiciales determinaron para recabar pruebas sobre este hecho que centra una de las partes principales de la investigación que se inició en la Audiencia Nacional en octubre de 2017.
"Preguntado para que diga si el Banco popular le sugirió la compra de acciones en la ampliación de capital del año 2016, dice que sí, de forma insistente, principalmente telefónicamente, le recomendaron la compra de acciones", señala una de las actas de declaración, que ha podido ser consultada por este diario. "Desde la oficina vinculaban la compra de las acciones al mantenimiento de los productos financieros como líneas de crédito de los que era titular la mercantil de la que es representante", añade. Este testigo apuntó también que en principio el importe que iba a invertir en dicha operación se había fijado "en base a los productos financieros que la mercantil tenían en el banco" y que la cantidad debía ascender "a 100.000 euros para que fuera más sencillo la renovación o la ampliación de estos productos". Sin embargo, finalmente adquirió acciones por el valor de 10.000 euros, "debido a su reticencia a la realización de este tipo de inversión por su desconocimiento del funcionamiento del mercado bursátil".
Financiación íntegra
"¿Se le ofreció un préstamo o crédito para financiar en todo o en parte la compra de acciones?", fue otra de las cuestiones que trasladaron los policías. La respuesta también fue afirmativa en muchos de los casos. El ejemplo de ello es otro de los testigos que indicó que el préstamo fue "destinado íntegramente para el pago de la compra de acciones, incluyendo todos los cargos de suscripción de las mismas", si bien añadió que la "compra fue condicionada, por la entidad, cuando se encontraban realizando la contratación de otro préstamo distinto al que nos ocupa". Cabe destacar que la financiación a clientes para la ampliación de capital no es ilegal, pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia. Y es precisamente este aspecto lo que trata de dilucidar el juez instructor.
Otro de los aspectos que resaltado por los testigos fue que dicha financiación para la compra de acciones vino ofrecida por los directores de oficina del Banco Popular. Un aspecto que puede resultar clave para la investigación, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional hace tiempo que sospecha que el exaltos cargos de la entidad resuelta hace hace casi seis años "lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital".
Buscar un patrón de comportamiento
Para hallar si existió un "patrón de comportamiento durante la comercialización de la ampliación de capital del año 2016", el juez Calama ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que elabore un informe en el que se analicen los puntos en común de las más de 1.400 declaraciones de los clientes. Cabe recordar que el magistrado requirió a los investigadores realizar estos interrogatorios después de recibir, el pasado 9 de febrero, un informe pericial de los expertos del Banco de España, en el que se dio por válido el trabajo que hizo el departamento de Auditoría Interna de Popular sobre dicha operación de financiación.
En tan solo nueve páginas, los peritos afirmaron que, de la documentación analizada, se deduce que en la "práctica totalidad de estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones". Aún así, apuntaron que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, un total de 14.229 clientes recibieron financiación por el total de 2.366 millones de euros y que "suscribieron acciones por 702 millones de euros". Con estos datos, los peritos advirtieron que esta cantidad "no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables", pues para ello habría que suponer algo "altamente improbable" como es que "todas las acciones compradas han sido financiadas". Sin embargo, el juez Calama insistió en poner el foco en este aspecto y llevar a cabo una "investigación específica".
Estos testimonios se conocen en un momento de inflexión para los perjudicados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dictaminar que los accionistas que participaron en esta ampliación de capital no pueden reclamar una indemnización al Banco Santander -que compró el Popular por un euro tras su resolución- por las pérdidas sufridas, alegando que la información que recibieron al adquirir los títulos era inexacta. Así lo ha determinado este mismo jueves el tribunal con sede en Luxemburgo al resolver la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de A Coruña.
La sentencia explica que la Directiva sobre Reestructuración y Resolución de entidades financieras impide que los inversores que adquirieron acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida "antes del inicio de un procedimiento de resolución" puedan ejercitar "una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones", una vez que ya se hayan amortizado el total de las acciones del capital social de una entidad de crédito. Pendiente de este fallo histórico del TJUE se encontraban miles de perjudicados que han recurrido a los tribunales en busca de resarcimiento por la inexactitud en el folleto informativo ofrecido por el Banco Popular.
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