Miércoles, 12.12.2018 - 16:12 h
Opacidad total sobre dónde acaban estas partidas

De los fondos reservados hasta Villarejo: así se financian las 'cloacas' del Estado

CNI, Policía, Guardia Civil, Defensa y Exteriores tienen 27,8 millones para sus trabajos más delicados.  El comisario llegó a tener decenas de firmas.

El excomisario Villarejo
El excomisario de la Policía, José Manuel Villarejo / EFE

Cloaca, según la RAE: "Conducto por donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones". En términos policiales son prácticas que emplean todos los gobiernos del mundo, "actuaciones necesarias -según un miembro de los servicios de Información- para que el Estado siga funcionando". Pero para esas "actuaciones necesarias" hace falta financiación y es ahí donde entra en juego los llamados "fondos de réptiles", una expresión acuñada por Otto von Bismarck tras ganar la Guerra Austro-prusiana en 1866. Ahora se llaman "fondos reservados".

Para seguir la pista a los "fondos reservados" hay que echar mano de los Presupuestos Generales. En las cuentas públicas de 2018 actualmente en vigor se puede observar cómo el Gobierno de Rajoy decidió aumentar esta controvertida partida en un millón de euros (3,7%) hasta alcanzar los 27,8 millones. Reciben fondos reservados cuatro organismos: el Centro Nacional de Inteligencia, que acumula el 71% de los mismos con 19,8 millones; el Ministerio del Interior (Policía Nacional y Guardia Civil) con 7,3 millones; Defensa, que recibe 500.000 euros; y Exteriores, con 186.310 euros. En los PGE se acaba la fiscalización de estas cuantías y entra en juego la libre disposición de los responsables de cada departamento.

Pero, ¿para qué se emplean realmente estos "fondos reservados"? Habla un agente de la Policía Nacional: "Se trata de una reminiscencia de la lucha contra el terrorismo de ETA y no existe ninguna publicidad de lo que se hace con ellos". Se remite a la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados en la que se establece que la fiscalización se realizará a través de "un control parlamentario directo" a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados. Es decir, "toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto, de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos oficiales". Es imposible, por tanto, conocer en qué se gastan los responsables políticos y los funcionarios estos 27,8 millones ya que todo lo que se trata en dicha Comisión está prohibido divulgarlo.

Este secretismo (casi) absoluto ha provocado sonoros escándalos en los que el Estado se ha visto envuelto, como el caso Roldán. "El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas" es una frase que se atribuye a Felipe González y que demuestra que los diferentes gobiernos han tenido sus cloacas y han usado discrecionalmente los fondos reservados. De los GAL, al chivatazo a ETA en el bar Faisán pasando por los seguimientos y escuchas a políticos, jueces y empresarios. Ahora Pedro Sánchez quiere acabar con estas "cloacas del Estado", según ha desvelado Pablo Iglesias que le transmitió el presidente del Gobierno en una conversación privada.

Villarejo y los problemas con los comisarios de la Policía

Aparte de estos opacos fondos reservados, el Estado también ha recurrido a empresas privadas para, en ocasiones, realizar algunos trabajos que se encuentran en esa delgada línea que bordea la legalidad. Unas firmas que han sido las solucionadoras de algunos problemas. Método 3 e Interligere son los nombres de dos firmas que han trabajo codo con codo con los servicios de Información y de Inteligencia estatales. Y es, precisamente, en este ámbito de la seguridad privada  donde ha desarrollado su actividad el famoso comisario José Manuel Villarejo, un laureado agente de la Policía Nacional que en 1983 pidió una excedencia de diez años para dedicarse a sus negocios.

Lo explica un agente de policía, ya jubilado, cercano al excomisario: "Villarejo montó varios negocios [llegó a tener decenas de sociedades] que le fueron muy bien: un parque temático en Córdoba, una consultoría, una clínica dental, una agencia de modelos... Y desde esas empresas colaboró con la Policía, que incluso le pidió hacer uso de alguno de sus negocios; así se ahorraban montar empresas a propósito". Quizá esto explique por qué se le permitió compatibilizar su labor en la Policía con dicho entramado empresarial. "Villarejo hacía esto porque le gustaba y a veces perdía dinero", añade su "amigo".

¿En qué grandes operaciones ha estado implicado el comisario de moda por los audios con la ministra Delgado? Villarejo volvió a la Policía Nacional en 1993. "Él siempre habla de la antigua operación de [detención] del traficante Al Kasar, de cuando convenció a De la Rosa para que testificara en contra de Pujol o de Vicky Álvarez [expareja de Jordi Pujol Ferrusola]". El "amigo" de Villarejo descarta otras operaciones con las que se le ha vinculado.

Cómo acabar con las cloacas del Estado

CNI, Policía Nacional y Guardia Civil utilizan fondos reservados pero la amplia mayoría de los escándalos mediáticos afectan a los agentes de azul. Un mando policial ofrece la siguiente explicación: "Los clanes más polémicos son comisarios que vienen del antiguo Cuerpo Superior de Policía, los antiguos 'chapas'; tenían unos métodos controvertidos y, mientras la sociedad se transformó, ellos siguieron haciendo las cosas a su manera". Por eso en los últimos años la palabra "chantaje" ha aparecido relacionada con este grupo de mandos policiales.

Los audios de Villarejo son para los policías consultados "un chantaje clarísimo". La solución para acabar con estas prácticas pasaría por un mayor control de esos "fondos de reptiles". "Tiene que regularse y haber una fiscalización, pero ningún Gobierno ha querido hacerlo". ¿Será Sánchez el presidente que acabe con esta opacidad?

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