Ginebra, 23 nov.- El Comité contra la Tortura de la ONU dijo hoy estar preocupado por las denuncias sobre "el alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria" por parte de efectivos militares o de seguridad en operaciones contra el crimen organizado en México.
Al concluir su último periodo de sesiones del año, el equipo de expertos independientes emitió sus conclusiones sobre los países que en las dos últimas semanas le sometieron sus informes periódicos sobre cómo se está aplicando la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
En su informe sobre México, el órgano de Naciones Unidas precisa que ve con preocupación las informaciones que coinciden en que, en el periodo previo a la entrega del detenido al Ministerio Público, se le infligen torturas y malos tratos para "obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias".
Ello con el fin de que sean "utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención", recalca el informe del comité.
En este sentido, lamenta que "ciertos tribunales continúen aceptando confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura en aplicación del principio de inmediatez procesal".
Para resolver esta situación, los expertos piden al Estado mexicano que garantice que las personas arrestadas son puestas rápidamente a disposición del juez o del Ministerio Público y que las denuncias contra militares o los cuerpos de seguridad son investigadas y dan lugar, cuando se requiere, a una sanción.
Adicionalmente, recalcan que se debe asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos pueden ser correctamente identificados y que todos los sospechosos que sean objetos de una acción penal sean inscritos sin demora en el registro de detención.
También el comité se refiere en el documento a las desapariciones forzadas y menciona "el aumento progresivo" de las "presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares".
Esos últimos, agrega, "actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas", conforme a información proporcionada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
En este ámbito, se pide al Gobierno mexicano que se investiguen esos casos de forma rápida, exhaustiva y eficaz, que se enjuicie a los sospechosos y se castigue a los culpables, mientras que a las víctimas se les debe garantizar el acceso a la información sobre la suerte de la persona desaparecida, así como una reparación.
Sobre la violencia contra los defensores de los derechos humanos y periodistas, el comité indica que está preocupado por el "elevado número" de asesinatos, desapariciones y actos de intimidación y hostigamiento en su contra.
Menciona, además, la extendida impunidad en relación a esos crímenes, "en su mayoría atribuidos a organizaciones criminales, aunque en ciertos casos se observan indicios de una implicación de miembros de las fuerzas de seguridad".
En cuanto a la impunidad de casos de tortura, el comité precisó que México le ha informado que sólo se han dictado seis sentencias desde 2005, además de 143 por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones.
En ese sentido, dijo que también le inquietan las informaciones de situaciones en la que los jueces desestiman las denuncias de torturas de los acusados o clasifican los hechos como delitos de menor gravedad.
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