La tensión política y diplomática que ha generado la crisis migratoria con el Gobierno marroquí se produce a falta de apenas medio año para que concluya el Memorando de Cooperación Financiera entre los dos países, que hasta ahora había servido para acompañar y financiar las inversiones de las empresas españolas en las concesiones y los proyectos de infraestructuras que se licitan en Marruecos. El acuerdo se firmó en el año 2008 y era renovado cada cuatro años de forma automática, la última vez a finales de 2017, con lo que su vigencia expira el 16 de diciembre de 2021. Frente a esa renovación automática, fuentes cercanas a ese proceso aseguran que la actual crisis se ha producido cuando "ambos países están trabajando en la negociación y firma de un nuevo marco financiero bilateral, más moderno, con varios instrumentos nuevos de cooperación financiera y mejor adaptado a la realidad de las relaciones económicas, comerciales y de inversión".
El acuerdo aún vigente partía con una dotación de 400 millones de euros por la parte española, de los que quedan por gastar algo más de 120 millones para apoyar la entrada de las empresas españolas de construcción, energía, agua o medio ambiente, entre otros sectores básicos para el desarrollo de la economía marroquí. Se trata de la concesión de préstamos englobados dentro de lo que es la ayuda al desarrollo que, en el caso de Marruecos, se plantea con un grado de concesionalidad del 42%, es decir, que una parte muy importante del dinero público que se otorga en este pacto se hace cuasi a modo de donación.
Aunque fuentes oficiales preguntadas por este diario advierten que todavía es pronto para dar por muerto el acuerdo, desde el entorno empresarial hispano-marroquí aseguran que se trata de un acuerdo con el que prácticamente no cuentan desde hace tiempo, a la vista de las malas relaciones que ambos gobiernos han mantenido en estos años. La última Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos se produjo en junio del año 2015 y, a pesar de que desde entonces se ha organizado una visita de Pedro Sánchez (no la primera como presidente que suele ser habitual) y de los Reyes, entre otras autoridades como las ministras de Industria y de Exteriores, las autoridades marroquíes no estaban cómodas con el nuevo gobierno de coalición de izquierdas español.
Junto al memorando financiero, existe un acuerdo de doble imposición con el país vecino renovado en 2016 tras una larga negociación dada la complejidad del sistema fiscal alahuita, que perdura junto a un pacto de promoción y protección recíproca de inversiones que data de abril de 2005. En la visita de Estado de 2019 se firmaron varios memorandos de entendimiento específicos para sectores como los transportes o la energía. Aún así, desde el punto de vista de la cooperación financiera internacional se trata de una economía muy financiada por todos los organismos multilaterales, según recuerda un técnico comercial del Estado conocedor de ese mercado. “Marruecos pretende ser la puerta de África a la inversión europea, pero también controla la inmigración y una parte del terrorismo yihadista -asegura- y eso le da un poder de negociación y presión muy amplio”.
Un repaso al Informe Económico y Financiero oficial sobre el Reino de Marruecos que ha actualizado la oficina comercial en febrero de este mismo año demuestra ese alto grado de financiación internacional del que goza el país, con fondos de más de diez bancos y organismos financieros internacionales -FMI, BM- BERD, BEI, UE, etc.- en los últimos tres años que superan los 15.000 millones de euros. Todo ello además de los acuerdos de libre comercio y las líneas de financiación abiertas con países como EEUU y Francia que, junto con España, son los países más interesados en la actualidad en llegar a los grandes proyectos de infraestructuras que tiene en marcha Marruecos y aprovechar sus lazos comerciales con la zona subsahariana y la capacidad logística con el sur de Europa.
Fuentes empresariales con intereses en la zona aseguran que el problema migratorio y diplomático que se ha generado puede ser un problema para los intereses españoles en una economía en la que hay 781 empresas españolas con más de un 10% del capital de sociedades de derecho marroquí y 674 empresas de derecho marroquí que son filiales de empresas españolas (propietarias de más del 50% de su capital). Desde el lado comercial, los técnicos consultados aseguran que la clave para España está en lograr más contratos comerciales de exportación, a la vista de que Francia es el país que domina la inversión en suelo marroquí. Pero en ese ámbito comercial también se produjo un vuelco en los últimos años difícil de recuperar ahora: de un crecimiento de exportaciones del 12,8% en 2017, hemos pasado a crecimientos del 2,3% en 2018 y del 2,8% en el año 2019. En los once primeros meses de 2020 la tendencia se quiebra por el impacto extraordinario del Covid, con una caída del -13,8%.
“El sistema económico marroquí registra un número de empresas públicas bastante elevado, incluso en sectores distintos de los de infraestructuras. La neutralidad de las políticas de competencia es escasa y las empresas públicas reciben a menudo un trato favorable: no siempre están sujetas al impuesto de sociedades, pueden aplicar subsidios cruzados procedentes de sus actividades o comerciales, se benefician de financiación con garantía pública o de tasas parafiscales creadas para aumentar sus ingresos…”.
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