El consejo de ministros que aprobará el decreto de estado de alarma está siendo intenso. Existe ya un borrador con medidas muy restrictivas, que limitarán la circulación de movimiento en las calles y que plantean incluso la intervención de empresas o la activación, llegado el caso, de los militares. Pero la parte de Unidas Podemos en el Gobierno está intentando que entre las decisiones que salgan del cónclave se incluyan también decisiones que protejan a los trabajadores que se verán afectados por esta situación de parálisis para gran cantidad de empresas.
Pablo Iglesias y los ministros de Podemos (han acudido también Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Manuel Castells) están intentando que el consejo de ministros dé el visto bueno a un paquete de medidas económicas, según fuentes cercanas al cónclave gubernamental consultadas por La Información. Es una decisión que Sánchez está retrasando, con el visto bueno de la máxima responsable del área, Nadia Calviño, que está echando cuentas del impacto económico de todo, según fuentes del diálogo social. Los titulares morados quieren, en definitiva, que el Gobierno de izquierdas actúe como tal y que salga ya en ayuda de los miles y miles de trabajadores, y sus familias, que sufrirán en sus vidas los efectos del coronavirus.
Iglesias ha decidido acudir al consejo de ministros de este sábado, salvando las críticas por la cuarentena a la que dijo que se iba a someter por el positivo de su pareja, Irene Montero, y lo ha hecho, además, con documentación. En las imágenes que ha distribuido Moncloa se puede ver cómo, situado a la izquierda del presidente, llevaba información preparada para la ocasión. Hay que recordar que, tal y como se contó en estas páginas, Podemos lleva unos días insistiendo a Sánchez en aprobar un paquete de medidas urgentes y contundentes para frenar los efectos del coronavirus en la sociedad española. La intertidumbre es total y los socios de Sánchez quieren que el Gobierno actúe de inmediato, aunque han sido apartados de la aplicación del decreto.
El Gobierno lleva demorando, desde el jueves, la aprobación del grueso del paquete de medidas económicas y laborales para los trabajadores afectados por esta decisión totalmente excepcional. En el aire, en estos momentos, están dos medidas clave de ámbito laboral que han sido anunciadas pero no concretadas ni aprobadas por el Gobierno: por un lado, la prestación extraordinaria de la Seguridad Social para los padres trabajadores que tengan que reducir sus jornadas para cuidar de sus hijos por la suspensión de la actividad educativa y, por otro, la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para agilizar los trámites, clave para el mantenimiento de las empresas, especialmente de las pymes.
La patronal y los sindicatos han planteado a Sánchez una serie de medidas que han acordado de manera conjunta. Para empezar, han pedido una nueva regulación de los ERTE para que el tejido empresarial pueda responder con agilidad a las restricciones impuestas por el estado de alerta y acometer ajustes de plantilla con rapidez. Los trabajadores autónomos, por su parte, han solicitado que se suspenda el pago de la cuota durante dos meses.
En el documento conjunto acordado por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se pide también mejorar la protección de los trabajadores fijos discontinuos. En este sentido, el Gobierno ha ampliado las bonificaciones de la Seguridad Social en estos contratos de las empresas turísticas entre los meses de febrero a junio. En cuanto a la financiación, el Estado va a destinar 400 millones de euros del ICO para apoyar a los autónomos y las empresas de hostelería que están pasando apuros por el coronavirus, según lo aprobado hasta ahora.
También se ha dado luz verde al criterio para dar cobertura asistencial a los trabajadores afectados por aislamientos y cuarentenas decretados por las autoridades sanitarias para frenar el avance del coronavirus. Un criterio que ha sido modificado en tres ocasiones, hasta considerar las bajas como incapacidad temporal por contingencias profesionales y garantizar desde el primer día el 75% del salario. Pero la incertidumbre reina entre los que permanecen en sus casas cuidando de sus hijos, con reducción de jornada total o parcial. No así en el caso de los funcionarios, que ya tienen garantizado un permiso retribuido.
La mayor preocupación se centra en los cierres de negocios. Se acumulan los anuncios de ajustes temporales de plantilla y el Gobierno sigue retrasando la reforma de los ERTE, que no se incluyó en el primer paquete de medidas de urgencia para paliar los efectos económicos de la pandemia ni consta en borrador del decreto de regulación del estado de alarma que está circulando a estas horas. De hecho, en el ámbito laboral, el texto solo obliga a los empleadores a permitir el teletrabajo "siempre que ello sea posible".
Moncloa preveía un consejo de ministros exprés para aprobar el decreto del estado de alarma, pero el intenso debate que se está viviendo en el cónclave a puerta cerrada ha obligado a Presidencia a retrasar la comparecencia de Pedro Sánchez. Al principio estaba previsto que se dirigiera a los españoles en torno a las 14:00 horas, pero el consejo solo paró durante media hora para comer. El presidente y sus ministros continúan encerrados en la sala de columnas del complejo. Mientras, fuentes del área económica del Gobierno se remiten a la declaración de Sánchez para dar a conocer si finalmente se aprobarán medidas en el ámbito laboral.
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