Repaso al decreto de alarma

Ir a por el pan... y poco más: la España que queda tras prohibiciones y medidas

Gente andando por la calle, persona, personas
Gente andando por la calle, persona, personas
ÓSCAR DEL POZO/EUROPA PRESS - Archivo

El Gobierno español ha endurecido las medidas de seguridad a través de un real decreto para evitar la propagación del coronavirus. Este sábado el Consejo de Ministro ha aprobado la norma con la que se declarara el estado de alarma, que lleva consigo medidas muy estrictas para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Entre las medidas más llamativas está restringe la movilidad en la calle y podrá intervenir empresas alimentarias. Además, los ministros de Defensa, Interior, Sanidad y Transportes podrán actuar y dictar órdenes en todo el país bajo la dirección del presidente del Gobierno mientras dure el estado de alarma. 

Otra de los aspectos recogidos en la ley es la paralización de la Justicia. El Gobierno ha suspendido los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y también los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público como como medida para frenar la expansión del coronavirus. A continuación, desglosaremos las medidas aprobadas más importantes.

Restricción de la movilidad

El estado de alarma conllevará que los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de determinadas actividades. Según este decreto sí habrá permiso para circular por la calle para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. También para asistir a centros sanitarios o para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

También el Gobierno ha decidido que queden excluidas de la restricción de circulación aquellas personas que presten asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Los ciudadanos que acudan a entidades financieras o que tengan causas de fuerza mayor o necesidad también podrán circular por las calles de España.

Reducción de la oferta de transporte

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, queda habilitado para dictar las órdenes necesarias para garantizar la movilidad en todos los medios de transportes, sea cual sea la autoridad competente. Así, puede modificar el porcentaje de oferta estipulado anteriormente y establecer condiciones específicas al respecto. Así, el decreto estipula que el recorte podrá ser de entre un 40% y un 60% según se considere necesario.

Limite en los actos religiosos

Una de las normas más estrictas del decreto que se ha aprobado este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario es la prohibición de la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres.

El punto 12 del documento establece que dichas medidas están condicionadas a la adopción de pautas organizativas que eviten aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los presentes la posibilidad de respetar la distancia de al menos un metro entre ellos. Las verbenas, desfiles y fiestas populares también han sido suspendidas.

Intervención de fabricas

Sanidad podrá requisar bienes e intervenir fábricas. Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar en todo momento "la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales". Es decir, los sanitarios podrán ser trasladados en base a las "necesidades" que se detecten para frenar la expansión del coronavirus.

Vigilar los supermercados

El Gobierno exige que "la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos". Con esta indicación, el Ejecutivo pretende evitar que las tiendas y locales de alimentación acaben funcionando, de facto, como bares.

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