Sin calendario y reversible

Sanidad 'hila fino': vigilará los casos solo con síntomas para controlar las salidas

Salvador Illa, ministro de Sanidad
Salvador Illa, ministro de Sanidad
Europa Press

España toma impulso para afrontar una desescalada gradual y sin fechas concretas. Así lo ha indicado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado la hoja de ruta en cuatro fases hacia la "nueva normalidad" y ha asegurado que primará la cautela. Cada etapa aflojará un grado más el lazo sobre una ciudadanía que ya encara la sexta semana de confinamiento... pero no todas las regiones avanzarán a la vez hacia el desconfinamiento. El salto de un escenario será asimétrico y sus requisitos, minuciosos cuyo cumplimiento se revisará cada 15 días. De hecho, en esta nueva transición, el Ministerio de Sanidad vigilará, incluso, el seguimiento de los pacientes con síntomas sospechosos, estén o no diagnosticados como Covid-19.

Así lo han corroborado el titular de la cartera, Salvador Illa y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quienes han detallado los "indicadores objetivos" que harán las veces de filtro para que los diferentes territorios obtengan la luz verde del Gobierno de la fase 0 a la 1, después de la 1 a la 2.. y así sucesivamente.. Por el momento, estos criterios son orientativos y, conquistar una nueva fase no será impedimento para que una provincia vuelva a la etapa anterior si la evolución del brote así lo dicta. Además de este control exhaustivo de los posibles casos, entre los 'tantos' que las provincias se deberán anotar se cuentan las camas de UCI disponibles o la capacidad de su sistema de prevención para aislar a los pacientes sospechosos en el menor tiempo posible. 

Esta semana, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón dejaba claro que lo que estaba por venir no era ningún camino de rosas: "Será la parte más difícil... va a ser más complicado que la gente mantenga la tensión y las medidas de distanciamiento". Simón anunciaba así un nuevo papel para la ciudadanía, cuya responsabilidad marcará el ritmo de sus territorios hacia el desconfinamiento. Frente al buen hacer individual el Gobierno ha tomado precauciones y ha definido  una batería de directrices que las provincias tendrán que conquistar para pasar de una fase de la desescalada a otra. Así, el documento que ha publicado el Gobierno determina cuatro ámbitos de vigilancia que serán revaluados cada quincena.

Endurece los criterios epidemiológicos

¿El objetivo? Afianzar cada paso para evitar un nuevo repunte que colapse un sistema sanitario al borde del agotamiento. Por ello, uno de los parámetros fundamentales de control se centra en los indicadores epidemiológicos vinculados a la salud pública. Una de la novedad más llamativa se encuentra en la inclusión, en este primer grupo, del balance de casos con síntomas compatibles con covid19, hayan sido sometidos o no a la prueba diagnóstica. Esto amplía el monitoreo de pacientes muy por encima de los límites que se han barajado hasta el momento. Además, la panorámica que ofrezcan los territorios a Sanidad deberá incluir la proporción de nuevos casos que no hayan tenido contacto con otros infectados confirmados y conocidos de antemano.

También dentro de los indicadores epidemiológicos, se halla el número de PCR realizadas y sus resultados, así como la cifra de casos confirmados por laboratorio y sus características (hospitalizaciones, ingresos en UCI, defunciones, sanitarios afectados...). Estos datos ya estaban siendo controlados y la información, que en su mayoría se obtendrán de forma automatizada, diaria e individualizada desde los Servicios de Salud Pública,  tendrá que enviarse a diario de forma agregada al Ministerio de Sanidad. Las garantías que se les exigirá a las distintas regiones también miran a la capacidad de evaluar de forma temprana los nuevos casos, para lo que se tendrá en cuenta el porcentaje de casos sospechosos sometidos a un test, además de los plazos entre el inicio de los síntomas y la fecha de diagnóstico. 

Sanidad ya ha apuntado a ciertos territorios -Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa,-, que partirán con ventaja, gracias a su situación epidemiológica, pero aún no ha definido cuál es la incidencia acumulada -los positivos por cada 100.000 habitantes registrados en dos semanas- que puede presentar un territorio que aspira a cambiar de fase. No en vano, anticiparse y cortar las autopistas de contagio de la Covid-19 sigue siendo crucial.  Tras más de cinco semanas de confinamiento, el país está doblegando la curva de contagios... pero aún es pronto para descartar una nueva eclosión de casos.

Con la vacuna aún por llegar, España debe mantener un escenario de prevención. Bien hasta que la transmisión haya quedado controlada con las medidas de las que dispone, bien hasta que el porcentaje de la población que ha desarrollado la inmunidad frente al virus sea tan alto como como para afirmar que el peligro de contagio se ha desplomado drásticamente.  De otro modo, el país podría caminar hacia atrás y, esta vez, con el peligro de un sistema sanitario debilitado por las bajas y el desgaste. En esta línea, el primer bloque de indicadores incorpora parámetros sobre la capacidad asistencial como el grado de  ocupación de UCIs, el material en stock (EPIs, PCR, gel hidroalcóholico...), los respiradores de reserva o la existencia de centros no sanitarios en disposición de ser medicalizados -como ya ocurrió con hoteles o pabellones como el de IFEMA-. 

La movilidad, una piedra de toque

El segundo bloque de indicadores hace referencia a la movilidad, una piedra de toque para la consolidación de la desescalada, dada su relación directa con el aumento de la probabilidad de contagio. Según el plan de Sanidad, su seguimiento será  "constante y riguroso". Para esta vigilancia, la cartera de Illa atenderá a los índices de movilidad interior y exterior por provincias, además de al flujo entre los municipios de mayor población. Todas las magnitudes tendrán como referencia los valores de tráfico registrados en el mes de febrero. El Ministerio de Transportes, que encabeza José Luis Ábalos, será el encargado de recabar estos datos. El uso del transporte público, la movilidad por área de residencia y el tráfico de mercancías y pasajeros completarán la fotografía.

El impacto social y económico orientarán las decisiones

El tercer y cuarto bloque de parámetros consideran las secuelas sociales y económicas que el confinamiento genera en los territorios. Las restricciones de movilidad han sido un arma de doble filo para España: han aplacado el crecimiento de los contagios... pero han hecho lo mismo con el de la economía. En este sentido, las cifras de afiliación a la Seguridad Social, el número de trabajadores y autónomos de cada provincia se tendrán en cuenta a la hora de decidir la idoneidad de una región para el salto de fase

En cualquier caso, la indicación de Sanidad respecto a la dimensión orientativa de estos indicadores -aún no tienen un carácter vinculante-, se refuerza en este bloque, que incorpora el impacto de género, los ERTE y el consumo energético. Su consideración será complementaria. "Los indicadores de seguimiento social y económico completan la valoración de impacto del proceso de reapertura o desescalada, y ofrecen referencias a tomar en consideración en el momento de acordar la transición de una fase a otra", reza el documento del Gobierno. Y zanja: "Su seguimiento continuo permite una evaluación de impacto de las decisiones tomadas".

Una conquista abierta a retrocesos

Durante su comparecencia, Sánchez hizo hincapié en que la evolución por territorios podría revertirse ante cualquier incidencia. Así ha quedado recogido en el texto que ha publicado el Ministerio de Sanidad. "Hay que destacar que cualquier retroceso en la evolución de determinados parámetros alargaría el proceso hasta el establecimiento de la nueva normalidad, al menos para los grupos poblacionales, actividades o territorios afectados", reza el texto. Y añade: "Esto debe evitarse en la medida de lo posible, por lo que los principios de precaución y cautela, junto con el de proporcionalidad, guiarán la valoración de todos los datos y la subsecuente toma de decisiones".

Desde la oposición ya han denunciado que la falta de un calendario puede alimentar la incertidumbre de los ciudadanos, pero el Ejecutivo ha evitado hacer más previsiones de las necesarias. En este sentido desde el Gobierno han alegado la complejidad de la situación "y la naturaleza imprevisible y dinámica" del desarrollo del virus, lo que, en su opinión, convierte en desaconsejable cualquier planteamiento que base la recuperación gradual de la actividad en un calendario cerrado. En cambio, Moncloa no quiere pillarse los dedos y el texto que ha difundido apunta a "un enfoque prudente, con hitos que se irán alcanzando sucesivamente y que podrán ser reajustados en caso de resultar necesario".

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