El incremento de casos de corrupción de índole económica sigue siendo uno de los asuntos que más preocupan al Ministerio Público. Tanto es así, que la fiscal general del Estado, María José Segarra, lo considera "la clave de bóveda" del derecho penal actual y, por ello, insiste en que ahora más que nunca se hace especialmente necesaria la creación de un fiscal coordinador en materia de delincuencia económica, con especial dedicación a los delitos contra la Hacienda Pública.
Así lo refleja la Memoria Anual que la Fiscalía General del Estado presenta con motivo de la inauguración del curso judicial. El extenso documento recoge, como viene siendo habitual cada año, los aspectos más destacados del ejercicio 2018, así como una serie de pretensiones a cumplir de cara a conseguir unos mejores resultados en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, para el Ministerio Público se antoja prioritario dotar de más medios para reforzar la lucha en este tipo de situaciones y por ello pide que la crisis económica no sea excusa para ello.
"No es exagerado señalar que, aquellos incumplimientos, por una parte, y el fenómeno de la corrupción por otra, hacen que los denominados delitos económicos se encuentren entre las infracciones más denostadas y que mayor rechazo originan en una sociedad torturada por una grave crisis económica, generadora de profundas desigualdades", advierte la Fiscalía. El órgano insiste en que, ante esta situación, se hace necesaria la creación de la figura de un coordinador económico; pretensión que ya solicitó el año pasado en este mismo documento ante la proliferación de investigaciones por delito contra la Hacienda Pública, como podrían ser las de los deportistas Cristiano Ronaldo, Leo Messi o el brasileño Neymar.
En este ejercicio, el equipo de Segarra va más allá y sitúa esta cuestión en el epicentro de uno de los problemas que más acusa la sociedad actual afirmando que "la depresión es endémica". Por eso pide, en primer lugar, especialización de los fiscales al frente de este tipo de casos, teniendo en cuenta que los delitos de índole económica entrañan una materia compleja que está sometida a continuas modificaciones legislativas y jurisprudenciales. Además, aunque no menciona ningún caso concreto, sí determina que, en líneas generales, las causas de corrupción despiertan gran interés mediático, lo que condiciona de alguna forma la actuación de los juristas.
Aunque son muchos los juzgados que dirimen procedimientos de esta materia, la Audiencia Nacional se ha consagrado como el órgano judicial que instruye los mayores casos de corrupción del país. A los procedimientos más antiguos, tales como el caso Gürtel, Púnica o la fortuna del clan Pujol, se suman otros de gran importancia como la macrocausa contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. A ello hay que añadir todos los que afectan a las entidades financieras, como son la investigación del caso Bankia, cuyo juicio toca a su fin, las diligencias sobre el Banco Popular, la CAM o la investigación abierta contra Caixabank por blanqueo.
"Situación absolutamente injusta e incomprensible"
De hecho, el escrito pone como ejemplo el juicio por la salida a bolsa de Bankia para hacer hincapié en que las consecuencias penales de las llamadas crisis bancarias continúan consumiendo importantes recursos de la Fiscalía a la par que exige de los fiscales "un gran esfuerzo para su inicial comprensión y para su posterior encaje penal". Con todo, reconoce que esta ardua labor ha sido más llevadera gracias al asesoramiento que le han prestado a los fiscales Anticorrupción no solo las unidades de apoyo sino también la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Intervención General del Estado y los inspectores del Banco de España.
Aunque no se barajan cifras concretas que permitan determinar la evolución numérica de la criminalidad en esta materia, se constata la tendencia a la estabilización de este tipo de procedimientos. En materia de delitos contra la Hacienda Pública, aumentan las defraudaciones de IVA y Sociedades a la par que disminuyen moderadamente las relativas al IRPF. Mucho más difícil es la determinación de los delitos societarios, alerta la Fiscalía, la cual concluye que el hecho de que su enjuiciamiento está encomendado a los Juzgados de lo Penal, hace extremadamente problemático su cómputo. Como conclusión, la Fiscalía General del Estado determina que la falta de medios y de especialización de los fiscales acaba generando una "situación injusta e incomprensible"
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